Papeles de la 'operación Cataluña': se investigaron a familiares de políticos y se inventaron acusaciones falsas

El digital 'eldiario.es' ha seguido publicando este miércoles nuevos papeles de la conocida como 'operación Cataluña', la trama parapolicial usando recursos del Estado contra los independentistas catalanes en tiempos de Mariano Rajoy.

La nueva remesa de papeles explica que los policías asignados a esta operación enviaron al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, informes sobre políticos catalanes "repletos de falsedades e insidias para vincularlos con todo tipo de corrupciones". Además, se ha sabido que también fueron investigados sus familiares.

Se revela que en una reunión en septiembre de 2012 se estableció que ésta sería una prioridad del Ministerio y así, en años posteriores, la Policía realizó dosieres sobre políticos nacionalistas.

Se investigaron sus cuenta bancarias, sus inversiones, y a sus propias familias, siempre sin control judicial y al margen de la ley. El objetivo era encontrar 'trapos sucios' sin seguir instrucciones judiciales, de la Fiscalía o de Hacienda.

34 investigaciones

En total, figuran 34 investigaciones a dirigentes del nacionalismo y sus relaciones familiares, afectando a personalidades tales como Jordi Pujol, Artur Mas, Xavier Trias, Carles Puigdemont (por entonces alcalde de Girona), Josep Lluís Trapero (jefe de los Mossos)...

A Trias se le investigaron presuntos bienes en Suiza y se intentó encontrar pistas de una posible corrupción urbanística de cuando era alcalde de Barcelona. Todo quedó en nada, porque no se halló nada para ir contra él.

De Trapero se intentó demostrar unos rumores sobre que protegía a personas importantes por tráfico de drogas.

En cuanto a Jordi Pujol, se investigó una pista dada por una ex nuera que aseguró que estaba estudiando huir a Nueva Zelanda, país sin acuerdo de extradición con España.

Artur Mas y Carles Puigdemont

En otros casos, se inventaron datos para cargar contra estos dirigentes. Un ejemplo que se da en esta investigación es el caso de Artur Mas: en 2015, 2 inspectores jefes de policía firman un informe que habla de una supuesta comisión de 90 millones de euros pagada por la empresa Acciona a cambio de un favor, un contrato con la Generalitat para una concesión pública.

De Puigdemont se dijo que había cometido una posible corrupción por compras de arte, pero los tribunales archivaron el caso y el Tribunal Supremo lo definió como una mera "irregularidad administrativa".

"La fuente de esa información es el entonces director de la Agencia Antifraude, Daniel de Alfonso, quien unos meses antes había sido grabado conspirando con Fernández Díaz para preconstituir pruebas contra el independentismo", explica 'eldiario.es'.

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