La pareja del presidente regional madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha interpuesto una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en contra de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández.
La acusa de revelación de secretos, según adelantaron medios como 'El Confidencial' y 'El Español'.
La acción legal también involucra al fiscal de delitos económicos, Julián Salto, en relación con una nota informativa difundida por un canal oficial, en la cual la Fiscalía de Madrid informaba sobre el intercambio de correos entre el abogado de González Amador y el fiscal referente a la investigación contra la pareja de Ayuso por un presunto fraude fiscal.
"El motivo de la denuncia está en la nota informativa que difundió el Ministerio Público en la que explicaba que fue el abogado del empresario quien buscó un acuerdo de conformidad para evitarle el juicio y no a la inversa, como había apuntado el gobierno autonómico. La nota informaba precisamente del cruce de correos entre el abogado de González Amador y el fiscal relativos a la investigación", detalla RTVE, citando fuentes fiscales.
El documento judicial se ha presentado ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJM, debido al estatus de aforados que poseen los fiscales. La Sala ha iniciado diligencias y se espera que la Fiscalía se pronuncie sobre la admisión de la querella.
El caso contra González Amador
González Amador tiene que declarar el próximo 20 de mayo como investigado por la presunta comisión de 2 delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil.
La investigación se centra en presuntos indicios delictivos relacionados con el Impuesto de Sociedades correspondientes a los años 2020 y 2021, así como en un presunto delito de falsedad en documento mercantil, debido a la presentación de facturas que no reflejan servicios realmente prestados, con el fin de reducir la cuota tributaria.
En el auto de apertura de diligencias, la jueza argumentó que, supuestamente, "como resultado de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal la cantidad de 155.000 euros por el Impuesto de Sociedades de 2020 y la cantidad de 195.951 euros por el impuesto de sociedades de 2021, delitos sancionados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal".
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