La Fiscalía solicita penas de hasta 2 años de prisión para 4 activistas vallisoletanos que protestaron contra el equipo Israel Premier-Tech durante la última Vuelta Ciclista a España.
La Audiencia Provincial de Valladolid dictó el auto de apertura de juicio oral para los procesados, quienes enfrentan individualmente peticiones de entre 21 y 25 meses de cárcel.
Desórdenes públicos
Según el escrito del Ministerio Fiscal, los acusados, que carecen de antecedentes penales, cometieron un delito de desórdenes públicos, al que se suma para 2 de ellos una petición adicional de 4 meses y medio por resistencia a la autoridad.
Este proceso judicial se enmarcó en una edición de la Vuelta Ciclista especialmente convulsa, marcada por constantes movilizaciones en favor de Palestina en todo el país.
Estas protestas obligaron a la organización a desviar el recorrido en varias etapas e incluso a cancelar el final de la última jornada en Madrid ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de los corredores por los bloqueos en la calzada. Los hechos concretos de esta acusación ocurrieron el 11 de septiembre en Valladolid durante la etapa contrarreloj.
Riesgo en la contrarreloj y resistencia
La acusación sostuvo que los activistas saltaron el cordón de seguridad e irrumpieron en la calzada con banderas palestinas con la intención de "cortar el recorrido de los ciclistas del equipo de Israel". El escrito incidió en que esta acción puso en riesgo la integridad física de los deportistas, subrayando que en una etapa contrarreloj se circula a la mayor velocidad posible. Además, destacó que 2 de los detenidos se opusieron con "gran intensidad y violencia" al ser desalojados por agentes uniformados y de paisano. Junto a las penas de cárcel, se planteó una fianza y la ejecución de sanciones administrativas tras la sentencia.
Por su parte, los activistas no negaron su participación en los hechos, pero rechazaron que su protesta constituya un delito. Además, confirmaron que mantienen "la cabeza alta" tras haber rechazado llegar a un acuerdo de conformidad con la Administración de Justicia en los juzgados, optando por defender su posición en el juicio oral.
La "incoherencia" gubernamental
Los encausados denunciaron lo que consideraron una "incoherencia" manifiesta por parte del Gobierno. Acusaron al Ejecutivo de defender oficialmente el reconocimiento de Palestina mientras, simultáneamente, se solicitan penas que suman 8 años de prisión por denunciar la presencia de un equipo ciclista que, según su criterio, busca blanquear las acciones de Israel en Gaza a través del deporte (sportwashing).
El juicio determinará si la irrupción en la calzada y la posterior resistencia a los agentes suponen efectivamente un delito de desórdenes públicos con el agravante de poner en peligro la vida de terceros, o si prevalece el derecho a la protesta esgrimido por los activistas.
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