España es uno de los países de la UE con una mayor tasa de pobreza infantil, solo por detrás de Rumanía y Bulgaria. En nuestro país, más de 2,5 millones de niños están en riesgo alto de pobreza y exclusión social, por lo que el Gobierno ha aprobado un plan de Garantía Infantil para "avanzar hacia un país más justo y más digno".
La tasa de riesgo de pobreza o exclusión para menores de 18 años se encontraba en el 27,4% antes del estallido de la pandemia. Éramos el tercer país de la UE con la mayor tasa, tras Rumanía y Bulgaria. El Consejo de Ministros aprobó el martes el plan de acción estatal cuyo objetivo es combatir la pobreza infantil, que afecta a más de 2,5 millones de niños, y está dotado con unos 1.000 millones de euros.
"La inversión en infancia en España en esta década tiene que permitirnos romper el círculo de la pobreza infantil actuando en cuatro frentes: garantizar el acceso a derechos o servicios esenciales de calidad dentro de un marco mejorado y más amplio de protección a la infancia; proteger a los colectivos de niños, niñas y adolescentes más vulnerables con medidas específicas y proactivas; abordar las desigualdades territoriales, y, por último, consolidar un marco sólido y coordinado de actuación y gobernanza, que facilite la implementación de la Garantía Infantil en todos los sectores y niveles de la administración", ha explicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
"El Gobierno está comprometido en mejorar la situación de la infancia y adolescencia de nuestro país, como se refleja en las diferentes medidas que ha adoptad: el despliegue del Ingreso Mínimo Vital y el Complemento de Ayuda para la Infancia, con 3.022 millones de euros dedicados a financiar estas prestaciones", ha indicado.
Entre las principales medidas del plan, Sánchez ha destacado el programa de protección a la familia y atención a la pobreza infantil, dotado con 199 millones de euros en 2022, más del doble que en 2018; la apuesta por la educación de primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años gratuita y de calidad, con una inversión de 671 millones de euros; el programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo PROA+, que contará con un presupuesto de 360 millones de euros, las Unidades de Acompañamiento y Orientación Personal y Familiar del alumnado educativamente vulnerable, con 125 millones; el programa de competencias digitales para niños, niñas y adolescentes en riesgo de exclusión digital, con un presupuesto de 222 millones de euros.
Sánchez ha detallado "políticas tan importantes como las becas, o la ampliación de servicios como el de atención bucodental en el Sistema Nacional de Salud, o la aprobación del primer Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil".
El plan distingue 3 servicios que han de ser gratuitos: educación y cuidados en la primera infancia; educación y actividades extraescolares; y al menos una comida saludable en la escuela. Además, otros 3 servicios han de ser asequibles: nutrición saludable, servicios sanitarios y vivienda adecuada.
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