El Gobierno envió ayer a la Comisión Europea el Plan Presupuestario de 2023 donde han presentado 2 escenarios posibles debido a la elevada incertidumbre: uno con las cuentas públicas actuales y otro que sería una previsión de unos 10.000 millones de margen adicional anuales de gasto para prorrogar medidas ante el impacto de la guerra de Ucrania en los precios y que vendría acompañado de una mayor recaudación tributaria.
Desde el Ministerio de Hacienda han explicado que el objetivo del Gobierno es poner en marcha el primer escenario, es decir, el que recoge las medidas de ingresos y gastos que contienen las cuentas públicas en el momento de elaboración de los Presupuestos de 2023.
Aunque, han querido plantear una alternativa, que implicaría inevitablemente elevar los impuestos, pero "dará margen para prorrogar y adoptar aquellas medidas que se estime conveniente".
¿Cómo serán las cuentas públicas para cada una de las opciones?
En el primer caso, los ingresos totales del conjunto de las Administraciones Públicas supondrán un 42,3 % del producto interior bruto (PIB), con 587.609 millones de euros en términos de contabilidad nacional.
Y los gastos que contempla para el total de Administraciones Públicas tiene un peso del 47,1 % sobre el PIB en 2022 y del 46,2 % para 2023.
Con estas cuentas, ya se recoge un impacto de 10.000 millones por las medidas adoptadas hasta la fecha para combatir las consecuencias de la guerra y de la crisis energética.
Mientras que en el segundo escenario, el punto de partida de ingresos en 2022 es "mejor de lo esperado, en base a los buenos resultados de la liquidación del IRPF y del Impuesto de Sociedades por el dinamismo del empleo y el sólido crecimiento económico".
Por lo tanto, los ingresos totales del conjunto de las Administraciones Públicas supondrían un 43 % del PIB, ascendiendo a 597.265 millones de euros en términos de contabilidad nacional.
Lógicamente, la partida de impuestos también mejora, pasando de los 344.627 millones en el primer escenario a los 354.283 millones, 9.656 millones adicionales.
"Se prevé la utilización del posible margen fiscal para prorrogar y adoptar aquellas medidas que se estime más adecuadas con el fin de proteger a las familias, trabajadores y empresas más afectadas por la crisis energética", detalla el documento de Hacienda.
Alcanzando unos gastos del 47,9 % del PIB en 2022 y del 46,9 % para 2023.
En cualquiera de los casos, el informe subraya que este plan refleja "el compromiso del Gobierno con el saneamiento de las cuentas públicas", y por eso añade que la previsión de déficit de 2023 se sitúa en el 3,9 %, lo que supone una reducción frente al 5 % de 2022.
La crisis energética y la inflación provocadas por la Guerra
Las medidas anticrisis tomadas por el Gobierno para combatir los efectos de la guerra de Ucrania y la elevada inflación han sido muy diversos: la rebaja del IVA de la electricidad y el gas, la bonificación de 20 céntimos en los carburantes o la subida del 15 % en las pensiones mínimas y el ingreso mínimo vital. Ayudas que seguirán activas hasta final de año, momento en que se estudiará su renovación.
El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció esta semana un nuevo paquete de medidas económicas como ayudas a familias con caldera centralizada de gas natural o el refuerzo del bono social. Lo que, según los cálculos del Gobierno, ha conseguido reducir la inflación hasta en 3,5 puntos, y apoyar a los sectores más afectados, familias y colectivos vulnerables.
Y pese a todas estas medidas económicas adoptadas han logrado "impulsar un cambio estructural en el mercado de trabajo", se estima que desde 2019 se ha producido un "afloramiento de empleo procedente de la economía sumergida de 285.000 afiliados a la Seguridad Social, de los cuales 250.000 serían asalariados y 35.000 autónomos".
Otro punto a señalar es que la ejecución del Plan de Recuperación, con la digitalización y especialmente las reformas del mercado laboral, están provocando la reducción del desempleo estructural en 510.000 personas desde 2019.
De manera que, la combinación de ambos elementos, mejorará las finanzas públicas, a través del aumento de las cotizaciones sociales y el aumento de ingresos netos estructurales, reduciendo el déficit estructural en 7 décimas del producto interior bruto (PIB).
El envío del Plan de los Presupuestos Generales a Europa se hizo en cumplimiento de la obligación de todos los miembros de la Unión Europea de presentar cada año en el mes de octubre ante la Comisión Europea sus proyectos de planes presupuestarios para que puedan ser valorados antes de ser aprobados por los respectivos Parlamentos nacionales.
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