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El Poder Judicial avala la Ley de Vivienda pero advierte de 'falta de concreción sobre la regulación de los precios del alquiler'

El Poder Judicial avala la Ley de Vivienda pero advierte de "falta de concreción sobre la regulación de los precios del alquiler"

martes 11 de enero de 2022, 18:03h

El Consejo General de Poder Judicial estudiará el próximo viernes el informe sobre el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. El texto respalda la norma, que se ajusta a la Constitución, pero advierte de "la inconcreción e imprecisión que afecta a algunos enunciados y contenidos", como por ejemplo, las reglas de intervención de precios del mercado de alquiler.

El pasado mes de diciembre, el Gobierno remitió al Consejo General del Poder Judicial la Ley de Vivienda, y el vocal Álvaro Cuesta ha elaborado un informe que será analizado por el Pleno el viernes 14 de enero.

El texto establece unas consideraciones generales favorables sobre el anteproyecto de ley, que "constituye un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda", recogido en la Constitución.

El anteproyecto define los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la vivienda y establece un régimen básico del derecho a la propiedad privada; regula la acción de los poderes públicos en materia de vivienda, así como los derechos, obligaciones y responsabilidades en las operaciones de compra y arrendamiento de la vivienda. Entre otras medidas, incluye las relativas a la información y transparencia en materia de vivienda y suelo y las referidas a la contención de los precios del alquiler y a la modificación de los procedimientos de desahucio, contenidas en las disposiciones finales.

Falta de concreción e imprecisión en algunos enunciados

Aunque se respalda la norma, el informe advierte de la "inconcreción e imprecisión que afecta a algunos enunciados y contenidos del anteproyecto, lo que dificulta la definición precisa del derecho que se pretende garantizar". Como ejemplo de ello, se señala la ausencia de un mínimo grado de concreción en la definición de conceptos como infravivienda, vivienda digna y adecuada y condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero o en el establecimiento de los deberes del ciudadano en relación con las actuaciones de conservación, reparación o mejora de la vivienda.

También echa de menos que el anteproyecto especifique los medios que se emplearán para hacer efectiva la tutela del derecho a la vivienda. Pese a su carácter básico, señala la propuesta de informe, el anteproyecto requiere un mayor grado de claridad, por ejemplo, en la identificación del titular del derecho y del sujeto obligado y respecto del modo en que puede exigirse el cumplimiento de dicho derecho.

Esa falta de concreción se aprecia especialmente en los preceptos que determinan las reglas de intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas. "En ese punto, el prelegislador parece haber renunciado a regular mecanismos pre o extraprocesales específicos para asegurar el cumplimiento de las limitaciones que se introducen en la disposición final primera del texto, dejando en manos de los órganos judiciales su exigibilidad y cumplimiento. Esta solución, advierte la propuesta de dictamen, tendrá una incidencia en la carga de trabajo que soportan los tribunales, ya de por sí elevada".

Pese a estas advertencias, el informe considera que la intervención en el mercado de alquiler de viviendas es compatible con el derecho a la propiedad del art. 33 de la Constitución. La regulación adoptada no hace irreconocible dicho derecho ni niega la utilidad económica de la propiedad, por lo que se mueve dentro de los parámetros de control establecidos por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El informe echa en falta una justificación suficiente de la necesidad de las medidas de contención de precios de alquiler de viviendas, basada en un análisis empírico del resultado de dichas medidas. Se sugiere, por ello, la conveniencia de establecer un periodo temporal de aplicación de las medidas restrictivas, de forma que se pueda evaluar su resultado e incidencia tanto en el mercado de alquiler residencial como desde el punto de vista social y económico.

> Las principales medidas de la Ley de Vivienda

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