La Policía Nacional desmantela una organización que defraudó 4 millones de euros a la Seguridad Social

La Policía Nacional ha detenido a 25 personas, entre ellas 4 funcionarios (uno del SEPE y 3 de la Comunidad de Madrid) y 4 empleados de entidades bancarias, por supuestamente defraudar más de 4 millones de euros a la Seguridad Social con la capitalización de prestaciones de desempleo.

La red, desarticulada en Madrid la pasada semana, tramitó más de 400 expedientes ilícitos entre 2020 y 2024 dirigidos al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), según ha informado la Dirección General de la Policía.

La suma defraudada alcanza los 4 millones de euros y los miembros de la organización habrían percibido entre un millón y 1,5 millones de euros de beneficio.

La policía realizó 16 registros en domicilios y oficinas de Madrid en los que se intervinieron equipos informáticos y dispositivos móviles, relojes de alta gama, más de 25.000 euros en efectivo, 4 vehículos y abundante documentación.

Entonces, también detuvo a los 25 integrantes de la red, quienes fueron puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental, cohecho, revelación de secretos, blanqueo de capitales e integración en organización criminal.

La investigación arrancó en diciembre de 2022 después de que varios agentes detectaran el acceso injustificado a múltiples expedientes, en su mayor parte relativos a operaciones de capitalización de la prestación por desempleo.

Una medida dirigida a fomentar el autoempleo y que permite que los perceptores de la ayuda contributiva puedan destinar la totalidad de la prestación que tienen pendiente por percibir a sufragar los gastos necesarios para constituirse como trabajadores por cuenta propia.

Las pesquisas policiales posteriores descubrieron un entramado del que formaban parte funcionarios de los servicios de empleo público, empleados de banca y gestores administrativos, entre otros. Todos ellos se integraban en una organización con un claro reparto de funciones y una estructura distribuida en 5 eslabones.

¿Cómo era la estructura de la organización?

En primer lugar, la red contaba con 2 varones que desempeñaban el rol de dirección y captación de clientes, trazando estrategias respecto a qué tipo de solicitudes se debían realizar y calculando el margen de beneficio de cada prestación, que oscilaba entre el 25% y el 40% del montante total de la capitalización.

Asimismo, establecían los contactos con los clientes, a los que dirigían hasta una gestoría del distrito madrileño de Latina. En esta gestoría, se formalizaban los trámites documentales necesarios para sustentar las solicitudes, integrándose en este segundo grupo de la organización sus responsables y trabajadores.

Estos trámites sustentaban la solicitud de ayudas para adquirir vehículos o material informático que debía servir como capital inicial para comenzar con la actividad del desempleado por cuenta propia.

Sin embargo, dichas compras eran acreditadas mediante facturas falsas, actuando en connivencia con 2 varones, uno de ellos dedicado a gestiones administrativas de tráfico y un segundo que regentaba un concesionario de vehículos próximo a la citada oficina.

El tercero de los roles de relevancia era el relativo al seguimiento de expedientes y asesoramiento, el cual era desempeñado por los empleados públicos detenidos (uno de ellos perteneciente al SEPE y 3 a la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid).

Estos últimos, hacían uso de sus credenciales de acceso a las bases de datos del SEPE para realizar una labor de consulta sistemática y diaria de los beneficiarios y expedientes de interés, controlando los trámites desde su inicio hasta el momento final del abono de la prestación.

Pagos mensuales de 50.000 euros

A cambio de estas labores, los mencionados empleados públicos recibían pagos mensuales constantes por parte de los responsables de la organización, que podían alcanzar hasta los 50.000 euros. Controlaban el beneficio final a través de empleados bancarios.

En el cuarto eslabón estaban los empleados de entidades bancarias, quienes se dedicaban al control de beneficiarios y pagos. Previamente, los responsables de la organización les habían contactado para que se encargaran de abrir cuentas bancarias que eran aportadas al SEPE como cuentas de destino de las prestaciones ilícitamente obtenidas.

De esta forma, estas personas controlaban los movimientos bancarios y se aseguraban de que la red percibiera las cantidades acordadas mediante retenciones de saldo u órdenes de pago diferidas por el montante acordado, que oscilaba entre el 25% y el 40% de la prestación.

Una vez asegurado el beneficio de la estructura, los beneficiarios realizaban la transferencia de las cantidades comprometidas, entrando en el apartado final de la investigación. Destinando estas cantidades a cuentas bancarias controladas por las sociedades en las que participaban los miembros de la organización o a cuentas personales de los mismos.