El Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) emitió en 2020 un certificado de conformidad con el pedido de mascarillas a la empresa clave del 'caso Koldo', a pesar de que ya había recibido, 2 meses antes, los resultados de los análisis constatando que el material no cumplía con los requisitos de una mascarilla FFP2.
Esta certificación se hizo el 12 de agosto de 2020 a solicitud de la empresa, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, y la firma un subdirector de Compras y Logísticas, según ha informado en una rueda de prensa el actual director del IbSalut, Javier Ureña.
Ureña ha aclarado que es habitual que las empresas soliciten este tipo de certificados para poder presentarlos al concurrir a otras contrataciones públicas. El documento acredita que, para el IbSalut, el contrato se había ejecutado "correcta y satisfactoriamente".
Sin embargo, ya el 8 de junio de 2020 el centro estatal que analizaba el material había emitido un informe concluyendo que las mascarillas no cumplían los requisitos de una mascarilla FFP2. El material continúa a día de hoy almacenado en Son Dureta, ya caducado y sin utilizar.
Para los actuales responsables del IbSalut, ese certificado de agosto "hace que sea complicado que prospere" la reclamación de 2,6 millones de euros a la empresa, cantidad fundamentada en la diferencia de precio con una mascarilla quirúrgica. De hecho, la empresa esgrimió ese documento en las alegaciones presentadas en noviembre, además de protestar por que la administración le reclame la resolución de un contrato ejecutado 3 años antes.
Por otro lado, el Govern ha negado que la reclamación -iniciada formalmente, asegura, en agosto de 2023- haya caducado, ya que según sus cálculos el plazo continuaría vigente hasta abril.
No obstante, tanto Ureña como la consellera de Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, han insistido en que este expediente en particular no condiciona su capacidad para reclamar los fondos.
De hecho, el Govern tiene previsto reclamar no sólo los 2,6 millones de euros por la diferencia de precio, sino el total del importe del contrato, 3,7 millones, y planea "agotar todas las vías" que sean necesarias para ello. En este sentido, Estarellas ha anunciado que ya se ha formalizado la personación del Govern ante la Audiencia Nacional.
Mascarillas ofrecidas antes a otra administración
También se ha revelado que la empresa investigada ofreció al Govern por teléfono el envío del cargamento de mascarillas, un pedido que al parecer iba destinado a otra administración que por circunstancias que se desconocen no se las quedó. Así se desprende de la documentación del expediente que ha desgranado este miércoles en una rueda de prensa Ureña.
En concreto, el primer documento en el expediente es el correo electrónico que el 25 de abril de 2020, el titular de la empresa, Íñigo Rotaeche (uno de los investigados) dirigió al que entonces era director de Gestión y Presupuestos del IbSalut, Manuel Palomino. Ese correo, con el asunto 'Contenido avión 26/04/2020 KN95', fue enviado tanto a la dirección corporativa de Palomino como a una de dominio particular.
Con todo, según se desprende de las alegaciones de la empresa el pasado noviembre, antes de aquel correo electrónico hubo una conversación telefónica, aunque los actuales responsables del servicio desconocen entre quiénes y en qué circunstancias. En el mensaje, Rotaeche remitía documentación sobre la calidad de las mascarillas que transportaba un avión que llegaría a Barajas al día siguiente, un material que, se indicaba, podría llegar a Baleares.
No obstante, según Ureña, parece ser que el pedido iba originalmente destinado a otra administración, aunque desconocen por qué no se las quedó y se ofrecieron en su lugar a Baleares. De hecho, el director del IbSalut ha apuntado que "cuando ofrecen el cargamento del avión, o está saliendo o está ya en el aire, porque llega en horas a Baleares vía Madrid".
Así, el mismo 25 de abril se valoró efectuar la compra y se iniciaron los trámites con la entidad que actuaría como representante aduanero del IbSalut para coordinar la entrega. El 27 de abril se levantó acta de conformidad de la recepción entre Soluciones de Gestión y el representante aduanero, de 1,4 millones de mascarillas en 1.329 cajas.
El 5 de mayo se ejecutó la orden de pago de los 3,7 millones y el 8 de mayo el Consell de Govern se dio por enterado de la contratación de emergencia. El 12 de mayo se publicó el anunció en la Plataforma de Contratación. Fue posteriormente que se practicaron análisis al material recibido y se comprobó que no cumplía los requisitos de una mascarilla FFP2, motivo por el que el Govern ha formulado reclamación económica.
El equipo saliente no comunicó la investigación al PP
El anterior equipo de la Conselleria de Salud y el Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) no comunicó a los gestores entrantes del Govern del PP que la Fiscalía Anticorrupción investigaba el contrato de 3,7 millones de euros con la empresa clave en el 'caso Koldo'.
Así lo ha expuesto el director general del IbSalut, que ha exhibido el voluminoso tomo del traspaso de competencias, enfatizando que en él no se hace ninguna mención específica a esta investigación a pesar de que el Govern ya tenía constancia de ella desde 2022.
En detalle, según ha explicado, fue en julio de 2022 cuando la Fiscalía comunicó las diligencias de investigación al Govern y solicitó toda la documentación, para lo cual efectivos de la Guardia Civil visitaron en persona el IbSalut. El 19 de julio se entregó lo solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO), en papel y en un pendrive.
Ureña ha resaltado que, a partir de esa fecha, no consta "ninguna actuación más" por parte del Govern hasta el apercibimiento, ya en marzo de 2023, con el que su predecesor anunciaba a la empresa medidas porque las mascarillas no cumplían con las características esperadas. El director general del IbSalut ha puntualizado que ese escrito tiene un valor puramente comunicativo sin efectos jurídicos como reclamación.
"Me llama poderosamente la atención que la Guardia Civil se persone en 2022 y los meses siguientes no hayamos podido detectar ningún movimiento al respecto hasta marzo del año siguiente", ha recalcado Ureña. Tampoco consta que el IbSalut diera aviso a la Abogacía de la Comunidad por la visita de la Guardia Civil.
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