El PP lanza en el Senado un conflicto de competencias con el Congreso por la ley de amnistía

El PP ha asegurado este martes que su formación va a elevar a la Mesa del Senado, en la que tienen mayoría absoluta, un escrito en el que plantea un conflicto de competencias con el Congreso en el que se reclama la retirada de la proposición de ley de amnistía, al creer que es inconstitucional.

Así lo ha manifestado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en su interpelación al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a quien ha señalado que "cualquier Gobierno que tuviera algo de dignidad retiraría esta ley" porque "es la única salida decente".

El PP registrará mañana un escrito en el Senado para exigir al Congreso que retire la amnistía. #TVE #24horas pic.twitter.com/CTADiMUKKN

— Ana Rosa Berraquero 💎 (@ARberraquero) March 19, 2024

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha puesto en marcha este paso después de que los letrados de la Cámara Alta dijeran en su informe sobre la proposición de ley de amnistía que se trata de una "reforma de la Constitución encubierta".

Los 'populares' utilizan así una posibilidad que indicaron los letrados del Senado: plantear un conflicto entre órganos constitucionales, con la celebración de un pleno que pida formalmente al Congreso la retirada de la proposición de ley de amnistía, y ante el Tribunal Constitucional, para la posible petición de suspensión cautelar del procedimiento legislativo.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional señala en su artículo 73 que "en el caso en que alguno de los órganos constitucionales a los que se refiere el artículo 59.3(*) de esta Ley, por acuerdo de sus respectivos Plenos, estime que otro de dichos órganos adopta decisiones asumiendo atribuciones que la Constitución o las Leyes orgánicas confieren al primero, éste se lo hará saber así dentro del mes siguiente a la fecha en que llegue a su conocimiento la decisión de la que se infiera la indebida asunción de atribuciones y solicitará de él que la revoque". En este caso, la ley indica que si "el órgano al que se dirige la notificación afirmara que actúa en el ejercicio constitucional y legal de sus atribuciones" o "no rectificase en el sentido que le hubiera sido solicitado" el siguiente paso sería el de "plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional dentro del mes siguiente".

El artículo 74 de dicha ley asegura que "recibido el escrito, el Tribunal, dentro de los diez días siguientes, dará traslado del mismo al órgano requerido y le fijará el plazo de un mes para formular las alegaciones que estime procedentes". Por último, el siguiente artículo manifiesta lo que tiene que determinar la sentencia del Constitucional: "Determinará a qué órgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas y declarará nulos los actos ejecutados por invasión de atribuciones y resolverá, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones jurídicas producidas al amparo de los mismos".