La primera ley estatal de servicios sociales elimina la burocracia regional y crea una "historia social única"

El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de la ley estatal de Servicios Sociales, que pretende garantizar una protección mínima en todo el territorio español. Lo hará mediante un catálogo de servicios y prestaciones básicos acordado entre las comunidades autónomas, según ha explicado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, quien ha impulsado esta nueva norma.

"Es la primera ley de servicios sociales de la historia de nuestro país, una ley importante para fortalecer uno de los pilares del estado de bienestar", ha reivindicado Belarra, también líder de Unidas Podemos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado este anteproyecto de ley.

En la actualidad, cada comunidad autónoma organiza los servicios sociales en su territorio y los regula a través de leyes autonómicas, lo que genera una "importante desigualdad" según el lugar donde viva el usuario, ha apuntado Belarra.

Por ello, el texto "mandaba a la conferencia sectorial", que reúne periódicamente a los consejeros autonómicos de servicios sociales, "a diseñar un catálogo común de prestaciones y de servicios en los próximos meses". Este catálogo incluirá ratios de profesionales, niveles mínimos de la prestación o indicadores de satisfacción de las personas usuarias, ha detallado la ministra.

"Historia social única" y prestaciones al cambiar de comunidad

Con esta ley, se podrá optar a prestaciones sociales cuando se cambia de comunidad y se creará una "historia social única", como ocurre con el historial sanitario actual, para "empezar a terminar con los laberintos burocráticos". Así se evitará que al mudarse de una comunidad a otra el usuario tenga que pasar de nuevo por un proceso de evaluación que "puede ser bastante largo", ha añadido la ministra.

De esta forma, se creará también un sistema de información común interoperable entre todas las comunidades, y se eliminará el requisito de empadronamiento para acceder al catálogo común de prestaciones mínimas.

La ley reconoce los servicios sociales como esenciales, como hizo de manera extraordinaria en la pandemia y elevará la tasa de reposición de los trabajadores que aprueban las administraciones para este tipo de colectivos, así como aumentar las ratios de profesionales por usuario.

Un profesional de referencia para cada usuario

El objetivo es que cada uno de los usuarios de los servicios sociales "tenga siempre un profesional de referencia, una persona que coordine toda la aintervención", que tenga a derecho a acceder en todo momento a su historia social única y a que le atienda un equipo multidisciplinar.

La ministra de Derechos Sociales ha señalado que "durante mucho tiempo en España, los servicios sociales tenían un enfoque asistencialista", según el cual se mandaba a los usuarios un mensaje de que "se les estaba haciendo un favor".

Además, este área ha sufrido "los durísimos recortes" de 2012 y 2013 y privatizaciones de las comunidades autónomas que han dejado a los servicios sociales "completamente asfixiados, asumiendo competencias y funciones que no les corresponden, como vivienda y educación".

Por ello, la ley "pretende ser un balón de oxígeno para los profesionales que demasiadas veces han cubierto con su vocación y a costa de sus derechos laborales una labor que tendría que haber garantizado mejor la administración pública", y también para los usuarios.