Poco más de un año después de la entrada en vigor de la 'ley rider', la Inspección de Trabajo ha interpuesto la primera multa millonaria: 78,9 millones a Glovo.
Por su parte Glovo ya ha corroborado que recurrirá la decisión y ha insistido en que el periodo de la inspección es previo a la entrada en vigor de esta ley.
La empresa de reparto a domicilio ha sido la protagonista de la primera sanción en base a la nueva legislación que se aprobó para evitar la contratación de falsos autónomos, una figura muy utilizada en el sector del reparto a domicilio.
Según recoge RTVE, Trabajo ha multado a Glovo por mantener empleados contratados como falsos autónomos en Barcelona y en Valencia. La sanción afecta a 8.833 trabajadores en la capital catalana y a 2.283 de Valencia. En total 10.641 personas que, con lo establecido en la normativa, la empresa debería haber puesto ya en nómina.
En el caso de Barcelona, la multa asciende a 39 millones de euros y la Inspección le exige 24 millones en cuotas a la Seguridad Social que deberían de haberse abonado por estos trabajadores.
En Valencia la sanción es de 2.500 euros por obstrucción a la Justicia, 10,7 millones por emplear a falsos autónomos y otros 5 millones más por las cuotas que los empleados deberían haber cotizado en la Seguridad Social.
Yolanda Díaz advierte que les caerá "todo el peso de la ley"
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hablado antes de entrar al Congreso sobre este asunto ante los medios de comunicación y ha criticado la actuación "gravísima" de Glovo, pues además de vulnerar el derecho de los trabajadores ha obstruido la labor de la Inspección de Trabajo, ha aseverado.
Ha advertido a Glovo que al igual que ha caído ante la Inspección, "todo el peso de la ley" va a caer sobre la entidad. Ha insistido en que desde su cartera "no van a parar" para que se cumpla la ley y ha avisado al resto de empresas de que la normativa "es para todo el mundo".
Glovo recurrirá la multa y subraya que el periodo sancionado es anterior a la ley rider
Desde la empresa han confirmado que van a recurrir la multa, pues señalan que el periodo inspeccionado se refiere al año 2018 hasta el 11 de agosto de 2021 con la entrada en vigor de la ley Ryder, es decir que no está relacionado con la mencionada normativa.
Han resaltado también que el importe notificado incluye no solo las propuestas de cuotas a la Seguridad Social sino también una propuesta de sanción por cada repartidor.
Dede la empresa han subrayado también que pidieron ampliar y aportar sus pruebas, reflexiones y valoraciones así como distinta documentación, algo que fue rechazado por la inspección de trabajo y pospuesto a cuando el acta ha sido presentada.
Lo han calificado como una resolución unilateral, que implica una propuesta de la inspección, frente a la que la empresa tiene que presentar sus alegaciones, y después de la tramitación de un procedimiento de oficio en el ámbito de la justicia, se analizarán las mismas para en su caso proponer un acta de liquidación y o de infracción.
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