Puigdemont se queda sin inmunidad parlamentaria en Europa y podría reactivarse la orden de detención

Llegó la tan esperada decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ya ha sido muy negativa para los intereses de los líderes independentistas catalanes huidos de la Justicia española.

En concreto, los afectados son el ex president Carles Puigdemont y sus consellers Toni Comín y Clara Ponsatí, todos ellos eurodiputados.

El tribunal europeo ha retirado su inmunidad parlamentaria después de que la Eurocámara lo hiciera en 2021 y ellos recurrieran esa decisión.

Ahora, una vez sin inmunidad parlamentaria alguna, el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena podría reactivar la euroorden de arresto para los 3.

Esta corte europea le da la razón después de que Puigdemont y sus ex consellers alegaran que el Supremo español no tenía competencias y que en tal caso debería hacerlo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Todos ellos podrían ser ahora detenidos en caso de pisar suelo español o un país que acate las órdenes de arrestos que puedan emitirse desde España, como ya había ocurrido en Francia, Italia y Alemania en el pasado, siempre resolviéndose, en todo caso, a favor de Puigdemont, que quedó libre.

No es el último paso

En todo caso, no es el final del recorrido para ellos. Ahora los 3 afectados por el fallo del Tribunal General de la Unión Europea podrán recurrir al Tribunal de Justicia de la UE, la más alta instancia, por lo que se descarta que el juez Llarena mueva ficha todavía.

Mientras tanto, la última novedad es que en junio la Sala de apelación del Supremo que iba a resolver los recursos de apelación de Puigdemont, Comín y Ponsatí desestimaba sus y aceptaba la transformación de la acusación de malversación agravada a los subtipos atenuados de malversación recogidos en la reciente reforma del Código Penal.

La Sala de apelacion, compuesta por los magistrados Vicente Magro (presidente y ponente), Susana Polo y Eduardo de Porres, desestimaba también el recurso de Vox, personado como acusación particular, que pretendía que el procesamiento lo fuera por desórdenes públicos, manteniéndolo por desobediencia, como se acordó por el juez instructor Pablo Llarena.