Sanidad impondrá el uso obligatorio de mascarillas en centros sanitarios ante la falta de acuerdo entre las comunidades

El Ministerio de Sanidad se encontró ayer, en el Consejo Interterritorial de Salud, un frente de comunidades, las gobernadas por el PP, que se resistía a volver al uso obligatorio de las mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios ante la epidemia de gripe y su confluencia con un repunte de casos de coronavirus, además de altos índices de bronquiolitis y otras afecciones respiratorias.

Ante la falta de acuerdo entre las comunidades, Sanidad reconoció a algunos medios a lo largo de la tarde que el miércoles lo haría obligatorio con una orden de Sanidad, sirviéndose de la normativa vigente, en beneficio de la salud pública. En concreto, el Gobierno se centrará en el artículo 65 de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (de 2003).

La ministra del ramo, Mónica García, y los consejeros de las comunidades autónomas se reunían por la mañana del lunes de forma telemática para analizar la epidemia de virus respiratorios que está afectando a la mayoría de los territorios, colapsando los servicios sanitarios.

"No creo que sea un gran drama. Es una medida de orden básica y sencilla", confirmó por la noche en una entrevista en 'Hora 25', en la 'SER'. "No podemos permitir que una enfermedad estacional tenga el mismo impacto que una pandemia", dijo sobre la incidencia actual de casos de gripe y covid al mismo tiempo.

Desacuerdo entre las regiones

La reunión finalizó sin acuerdo y las regiones se comprometieron a enviar en las próximas horas sus alegaciones al documento presentado por el ministerio, que pedía volver a la mascarilla.

Sanidad las explicó que la mascarilla, sobre todo en centros sanitarios, hospitales y centros de salud para proteger tanto a pacientes como a profesionales, era "una medida efectiva" y una "medida de sentido común", la cual está "avalada por la evidencia científica y bien recibida por la población".

Durante la reunión, algunas comunidades propusieron otras iniciativas, como la ampliación de la recomendación del uso de la mascarilla en las farmacias y se acordó un plazo de 48 horas para seguir recibiendo aportaciones.

También se ha planteado la necesidad de dar un soporte jurídico a través de una declaración de actuación coordinada a todas aquellas comunidades de diferentes colores políticos que ya han introducido la mascarilla en sus sistemas sanitario.

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