El Congreso aprueba el suplicatorio del Tribunal Supremo para el diputado 'popular' Alberto Casero

Este jueves ha sido aprobada por unanimidad en el Pleno del Congreso la concesión del suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para investigar al diputado del PP, Alberto Casero, al que se achacan indicios de delito de prevaricación y malversación por contratos firmados cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres).

Por su parte, la Comisión del Estatuto del Diputado, que preside la socialista Adriana Lastra, hace una semana celebró otra votación a puerta cerrada y ya hubo unanimidad de los grupos presentes para aprobar un dictamen favorable a la concesión.

Alberto Casero, quien ahora es archiconocido por votar de forma opuesta a su partido en el Congreso por equivocación, fue también un estrecho colaborador del ex secretario general del PP, Teodoro García Egea, tuvo en su momento la opción de personarse y presentar alegaciones, pero declinó, con lo que este suplicatorio se ha tramitado con gran celeridad.

Casero imputado por presunta prevaricación cuando era alcalde de Trujillo

El último paso para esta imputación era la votación en el Pleno del dictamen de la comisión, un trámite que para el PP se ha solventado sin transparencia y sin dar a conocer el resultado.

No obstante, los diputados no están obligados a seguir consignas de voto porque este acto es secreto. Aunque, según fuentes parlamentarias, ha habido unanimidad para conceder el suplicatorio.

Tras esta votación, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, dispone de un plazo de 8 días, que se cuentan a partir del acuerdo del Pleno de la Cámara, y que después se trasladará a la autoridad judicial, advirtiendo de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado.

El Congreso no rechaza un suplicatorio desde 1988

Además, hasta ahora, el Congreso ha aprobado 32 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado).

La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al ex ministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.

Y el último que salió adelante fue el suplicatorio de la portavoz de Junts, Laura Borràs, en junio de 2020, dando luz verde al Tribunal Supremo para que fuera investigada por delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

En una votación secreta, el suplicatorio salió adelante con 293 síes de diputados del PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos y Ciudadanos; los votos en contra solo de 14 diputados, de Junts y el PNV; más 5 abstenciones.

Mientras que en legislaturas anteriores se autorizó a juzgar a 3 diputados del PP (Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte) que habían dado positivo al volante y el anterior fue el que dio vía libre a investigar al también 'popular' Jesús Merino por el 'caso Gürtel'.

O el ex consejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, aunque no se llegó a completar la tramitación porque dimitió.

Para terminar, los más llamativos son los concedidos al ex ministro socialista José Barrionuevo por el 'caso GAL' o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.