Sáenz de Santamaría devuelve el órdago a de Gispert: la consulta soberanista no se celebrará en Cataluña

Mientras el presidente Rajoy compartía espacio en Cataluña con el presidente regional, Artur Mas, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría replicaba con contundencia al último órdago soberanista de CiU que asegura que diga lo que diga el Constitucional, la declaración soberanista sigue su curso y que también lo hace la consulta separatista anunciada por Artur Mas.

Pero lo cierto es que ahora el Ejecutivo se siente reforzado por la suspensión de la declaración soberanista catalana ordenada por el Tribunal Constitucional, y la vicepresidenta ha respondido al nuevo órdago de Núria de Gispert, presidenta del Parlamento catalán, anunciándole que "aquellas actuaciones que supongan incumplimientos de la suspensión, lo que el Gobierno va a hacer es enviarlas o incorporarlas al Constitucional para que tengan sus efectos y para poner en evidencia la suspensión" de la declaración soberanista.

La vicepresidenta del Gobierno ha incluido en la advertencia a los dirigentes políticos, a los que les ha recordado que deben atenerse a las leyes y a la Constitución también en sus declaraciones y que serán los órganos judiciales y la fiscalía los que procedan, si lo ven necesario: "Entiendo que manifiesten lo que estimen oportuno, pero tiene obligación de respetar la Constitución y las leyes", ha dicho.

En un momento determinado se le preguntó explícitamente si, pese a todo, se iba a celebrar la consulta separatista propugnada por Artur Mas en el periodo que queda de legislatura, hasta 2015. La vicepresidenta eludió la respuesta directa, pero dijo la siguiente frase, que es muy significativa teniendo en cuenta el contexto en el que se pronunció: "Esa consulta [soberanista] no respeta la Constitución" y, por lo tanto, dio a entneder que no se realizará nunca...

Todo será recurrido al Constitucional

La verdad es que el Gobierno de derechas de Rajoy se siente muy cómodo y confortado por la decisión del Alto Tribunal de admitir a trámite su impugnación de la declaración soberanista catalana: un acierto de los servicios de la Abogacía del Estado que la prepararon, según Sáenz de Santamaría, y que "abre la vía para poder recurrir, impugnar o incorporar a ese recurso todo lo demás. Estamos en mejor situación para defender la Constitución que al inicio", explicó en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, justamente cuando Mariano Rajoy y Artur Mas coincidían en Barcelona en la inauguración del Salón del Automóvil.

Así que, el Gobierno lo tiene claro: todo acuerdo soberanista que el Gobierno entienda que contraviene la Constitución, o que desarrolle la declaración soberanista estando ésta suspendida, será objeto de un recurso separado o de su incorporación a la impugnación ya admitida: "Son las reglas del juego", dijo Sáenz de Santamaría, que insistió en que este proceso es la confirmación de que "las instituciones funcionan" y que se debe confiar en las mismas.

En todo caso, la vicepresidenta contraatacó con lo que parece una realidad política incuestionable: dio a entender que Mas se ha lanzado a este proyecto como última balsa salvavidas para su propio futuro político. No lo dijo con estas palabras, claro, pero sí afirmó que se están utilizando "debates de esta naturaleza" para "eludir" otros asuntos, como la salida de la crisis mediante la gestión diaria: "El objetivo de país, de todos, debería ser ese y no eludir esa responsabilidad, tratar antes esas dificultades de la gestión diaria que hacer discursos que el propio Tribunal Constitucional ya ha dado un mensaje de cómo puede terminar".