Sumar presenta su informe jurídico sobre la amnistía: "Tiene cabida legal y constitucional"

El equipo de juristas de Sumar propone su informe sobre la amnistía a los medios, a través de Jaume Asens.

Este martes en Barcelona presentamos el dictamen realizado por un grupo de catedráticos y otros juristas a petición de @sumar. Un trabajo riguroso, realizado con criterios técnicos, que quiero agradecer enormemente. pic.twitter.com/jzfZIoO932

— Jaume Asens (@Jaumeasens) October 8, 2023

El partido liderado por la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, ha señalado que la amnistía a los encausados del 'procés' es necesaria para "establecer las bases para la solución del conflicto político existente entre Cataluña y el Estado español" y consideran probado que tiene cabida constitucional y legal.

El texto, de 40 páginas, aclara que la amnistía se justifica, entre otros motivos, por "la falta de proporcionalidad con la que se adoptaron ciertas decisiones judiciales" tras el 'procés' y afectaría a "aquellas acciones y omisiones que hayan tenido por finalidad la reivindicación del derecho de autodeterminación de Cataluña", así como a policías condenados por su actuación durante el referéndum del 1-O, aunque con excepciones.

De manera que, se centra en aquellos delitos cometidos entre el 1 de enero de 2013, cuando se entiende que comenzó el 'procés', y el 17 de agosto de 2023, cuando se constituyó el actual Parlamento, que podría decidir la amnistía.

Asimismo, sitúa la amnistía en una "segunda fase de despenalización" tras la derogación del delito de sedición y el indulto a los 9 condenados por el 'procés' en 2021, con el fin de contribuir a la superación del "conflicto político catalán" mediante la "renuncia a la persecución penal de ciertos delitos".

Beneficiaría a Puigdemont y los encausados en las protestas de 2019

Por tanto, se vería beneficiado por esta amnistía el ex president catalán, Carles Puigdemont, procesado por malversación y desobediencia (delitos incluidos en esta propuesta), así como otros miembros de su Govern y altos cargos de la Generalitat, pero también los encausados en las protestas contra la sentencia del 'procés' en 2019, en las que fueron imputadas penalmente unas 700 personas.

Esta propuesta la han elaborado los juristas expertos en Derecho penal Nicolás García Rivas, de la Universidad de Castilla-La Mancha; Guillermo Portilla Contreras, de la Universidad de Jaén; Rafael Rebollo Vargas, de la Universitat Autònoma de Barcelona; Antoni Llabrés Fuster, de la Universitat de les Illes Balears y Javier Mira Benavent, de la Universitat de València.