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Torra mantiene los lazos amarillos y 'se encomienda' al defensor del pueblo catalán
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(Foto: JxCat)

Torra mantiene los lazos amarillos y 'se encomienda' al defensor del pueblo catalán

> La Junta Electoral ha rechazado la ampliación del plazo otorgado para retirar los "símbolos partidistas"

martes 19 de marzo de 2019, 17:27h
El presidente catalán Quim Torra ha vuelto a incumplir el requerimiento de la Junta Electoral para retirar los lazos amarillos, pancartas en favor de la libertad de los presos y "símbolos partidistas" de los edificios de la Generalitat. Torra ha dejado en manos de los consejeros la decisión de retirar los lazos en las Consejerías, y por el momento el Govern mantiene el desafío. El president ha pedido al Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, que se pronuncie al respecto, y en función de lo que determine, se retirarán o no los símbolos.

Este martes a las 15.00 ha concluido el plazo dde 24 horas que la Junta Electoral Central dio al presidente catalán Quim Torra para retirar los lazos amarillos y otros "símbolos partidistas" de los edificios públicos de la Generalitat.

Torra había pedido un aplazamiento, pero la Junta Electoral lo ha rechazado, por lo que ahora será la Fiscalía la que decidirá si emprende acciones contra el president por desobediencia.

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha confirmado que Torra mantendrá el lazo amarillo en la fachada de la Generalitat, hasta que el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, emita un informe sobre la situación.

Aunque Torra ha dado libertad a los consellers para retirar o mantener los lazos amarillos, Artadi ha asegurado que la decisión ha sido acatada por todos.

Torra ha vuelto a pedir este martes a la Junta Electoral que suspenda el ultimátum alegando "imposibilidad" para ejecutar la orden por el gran número de edificios públicos que gestiona la Generalitat.

La Junta ha respondido que Torra ni siquiera ha ofrecido un listado, tal y como prometió, de los edificios públicos, ni ha ofrecido "las razones jurídicas que sean demostrativas de la imposibilidad", por lo que "no caben más aplazamientos".

La JEC contempla sanciones de entre 300 y 3.000 euros por incumplimientos de la ley electoral. El organismo también llegó a advertir a Torra de que podría llegar a incurrir en responsabilidades penales si obviaba sus obligaciones. De esta manera, abría la puerta a recurrir a la Fiscalía para determinar si se abría o no un procedimiento penal que podría conllevar la solicitud de su inhabilitación y hasta un año de cárcel.

No obstante, el conflicto podría quedar abierto ya que si bien el procedimiento administrativo ha terminado, al Govern le quedaría todavía la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo por la vía contencioso-administrativa en el plazo de dos meses -fecha que coincide con la recta final para las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo-, con las elecciones generales del 28-A ya celebradas.

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