El Gobierno consigue que siga adelante la tramitación de los impuestos especiales a las energéticas y a la banca

El Pleno del Congreso aprobó el jueves continuar la tramitación de la Proposición de Ley para el establecimiento de impuestos temporales a las empresas energéticas y a las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito al rechazar la enmienda de texto alternativo presentada por el grupo Ciudadanos por 62 votos en contra, 182 votos a favor y 91 abstenciones.

La iniciativa, de PSOE y Unidas Podemos, socios del Gobierno, y que continúa su tramitación parlamentaria, explica en su exposición de motivos, que en el contexto de la subida de precios, los costes generados por la inflación "han de ser repartidos equitativamente mediante un pacto de rentas", y que tanto el sector energético como el de las entidades bancarias "pueden contribuir a reforzar" dicho pacto.

Para ello, la norma prevé establecer un gravamen temporal energético, que las personas o entidades consideradas operadores principales en el sector deberán satisfacer durante en 2023 y 2024 y su importe será el resultado de aplicar el 1,2% al importe de la cifra de negocios neta del año natural anterior al de la obligación de pago. Quedan exentos aquellos operadores con una cifra de negocio neta inferior a 1.000 millones de euros en 2019.

También se establece un gravamen temporal a la banca: entidades de crédito y establecimientos financieros, que se aplicará a aquellas cuya suma de ingresos por intereses y comisiones en 2019 supere los 800 millones. Al igual que en el sector energético, el gravamen será satisfecho durante los años 2023 y 2024. En este caso, el importe será el resultado de aplicar el 4,8% a la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones que figuren en su cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al año natural anterior al de la obligación de pago.

Ciudadanos intentó su retirada

La enmienda de texto alternativo presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos proponía establecer un "impuesto excepcional y temporal sobre el sector energético" de "carácter directo, naturaleza temporal y de aplicación exclusiva al ejercicio 2022".

El texto propuesto reconocía como contribuyentes por el impuesto a "las entidades residentes en territorio español y los establecimientos permanentes situados en el mismo, que operen en los sectores del petróleo, el gas, el carbón y la refinería" cuando "el 75% de su cifra de negocios corresponda a actividades de extracción, minería, refino de petróleo o fabricación de productos de hornos de coque".