El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos presentados por el diputado del PP, Alberto Casero, la portavoz parlamentaria de la formación, Cuca Gamarra, y Vox contra la decisión de la presidenta del Congreso sobre la votación de la reforma laboral. Meritxell Batet rechazó la petición de Casero de cambiar el sentido de su voto, que permitió la aprobación de la iniciativa del Gobierno.
El pasado mes de marzo tuvo lugar una de las sesiones más controvertidas en el Congreso, cuando se celebró la votación de la reforma laboral. Y es que el Gobierno llegó con los apoyos justos y de no ser por el error del diputado del PP, Alberto Casero, la norma no hubiera sido aprobada. Los dos diputados de UPN se saltaron la disciplina de voto de su formación y votaron en contra, por lo que el voto telemático de Casero permitió que obtuviera más 'síes' que 'noes'.
En ese momento, el PP denunció "fraude democrático y legal" en la votación y anunció que adoptaría acciones legales contra la decisión de la presidenta del Congreso, que rechazó cambiar el sentido del voto de Casero. En esa jornada, el diputado 'popular' no solo se equivocó en esa votación sino también en una moción de su partido para deslegitimar al Gobierno.
Los 'populares' acusaron a Batet de haber "lesionado los derechos de un diputado", a pesar de que no era la primera vez que ocurría algo similar en una votación, y en ningún caso se había permitido modificar el voto a quienes se han equivocado.
El diputado Casero, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, y Vox presentaron sendos recursos ante el Tribunal Constitucional, que este lunes ha anunciado su admisión a trámite. Habrá que esperar a conocer el auto del ponente Ramón Sáez Valcarcel para conocer los detalles sobre la aceptación de estos recursos.
Casero, imputado por el Supremo por contratos irregulares
El pasado mes de mayo, el Tribunal Supremo imputó al diputado popular por unos contratos irregulares durante su etapa como alcalde de Trujillo entre 2017 y 2018. El pasado mes de marzo el Alto Tribunal acordó abrirle una causa para la investigación de estos contratos que, presuntamente, se establecieron de manera irregular.
El ex alcalde del PP se enfrenta a un posible delito de prevaricación administrativa. En el escrito que el Ministerio Público envió al Supremo se recoge que en marzo de 2017 contrató a un psicólogo ocultándolo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto.
Y en septiembre de 2017, firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato comprometiendo al Ayuntamiento al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE.
También en 2017, el aforado habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, sin seguir procedimiento alguno y sin informar a los servicios del Ayuntamiento. Además en junio de 2018 firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación comprometiéndose a la aportación de 18.000 euros, asumiendo además otros costes, sin seguir procedimiento alguno de contratación.
El texto señala también que en 2018 contrató a la empresa Icaro Consultores en Comunicación, SLU, para la organización de un evento por importe de 14.303 euros más IVA, sin informar a los servicios competentes y sin seguir el procedimiento adecuado; y que el 30 de diciembre del mismo año suscribió con Radio Interior SL un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo, en cuantía superior a 15.000 euros, acudiendo al procedimiento propio del contrato menor cuando, por la cuantía, debería ser licitado en procedimiento abierto. En ninguno de estos contratos, matiza la Fiscalía, se siguieron los procedimientos necesarios para su aprobación.
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