Espaldarazo al Tribunal Supremo respecto a las órdenes de detención y entrega del ex presidente catalán, Carles Puigdemont y los ex consellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, que también se encuentran fugados de la justicia española. Según el Tribunal Constitucional, las órdenes emitidas por el juez Pablo Llarena en 2019 siguen activas, a pesar de que Italia haya suspendido la extradición del ex president.
El Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad el recurso de súplica y la solicitud de medidas cautelares de Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig. El ex president y los ex consellers, que huyeron de España en 2017, no pudieron ser juzgados junto al resto de líderes independentistas imputados por el procès, por lo que en noviembre de 2019, el juez Pablo Llarena emitió órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención.
En el adelanto de su sentencia, el Constitucional subraya que las órdenes de detención contra los políticos fugados respetan "el derecho a la tutela judicial efectiva" de los recurrentes y no vulneran su derecho a la tutela cautelar "porque el Tribunal abrió, simultáneamente, una pieza separada de medidas cautelares sujeta a un procedimiento contradictorio".
"La decisión de no suspender la vigencia de las órdenes de detención impugnadas en amparo se basa en una consolidada doctrina constitucional, que niega la suspensión cautelar en el procedimiento de amparo de las medidas provisionales privativas de libertad o que puedan tener un impacto en el derecho a la libertad personal", reza el auto del Constitucional.
El Tribunal sostiene que suspender en la pieza de cautelares del recurso de amparo una medida cautelar, adoptada por un órgano de la jurisdicción ordinaria y que conforma el objeto principal de ese recurso de amparo, supone una resolución anticipada del fondo del recurso.
La decisión del Constitucional se conoce un día después de que la justicia italiana volviera a dejar en libertad a Puigdemont, al suspender el proceso de extradición a la espera de que se pronuncie el Tribunal General de la Unión Europea sobre su inmunidad como eurodiputado.
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