El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha dado la razón al Tribunal Constitucional frente al recurso presentado por una integrante de la Sindicatura Electoral de Tarragona para el referéndum soberanista del 1-O. La recurrente quería ser indemnizada y que se declararan vulnerados sus derechos por la advertencia del Constitucional sobre la multa a la que se enfrentaba si formaba parte de la sindicatura electoral, que había sido anulada previamente.
Estrasburgo defiende la respuesta del Tribunal Constitucional sobre el incumplimiento de sus resoluciones por parte de los participantes en el referéndum soberanista del 1-O, que fue declarado ilegal por este tribunal. La sentencia se refiere a las sanciones anunciadas, que no llegaron a ejecutarse, para quienes integraran la Sindicatura Electoral Central así como las sindicaturas territoriales, creadas para actuar como Junta Electoral Central en el referéndum catalán.
El Constitucional anuló la llamada Ley del Referéndum, en la que se incluía la creación de las Sindicaturas Electorales, pero sus integrantes fueron designados igualmente. En ese momento, el TC advirtió a los participantes de que podrían ser sancionados con una multa diaria de 6.000 euros, aunque nunca se ejecutaron esas sanciones.
La recurrente, Montserrat Aumatell i Arnau es una abogada que fue desginada vocal de la sindicatura electoral de Tarragona, al considerar vulnerados sus derechos por la advertencia del TC. Estrasburgo considera "manifiestamente infundado el recurso", ya que el procedimiento del Constitucional es correcto y la recurrente había sido advertida de lo que podría ocurrir si actuaba como vocal de la sindicatura.
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