El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha denunciado las "maniobras" del Gobierno de Pedro Sánchez para "dar un golpe a la Justicia", en referencia a la reforma para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional.
A través de una pregunta con solicitud de respuesta escrita, Buxadé recuerda a Bruselas que en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Ejecutivo español "quiere eliminar la potestad del CGPJ para nombrar a los magistrados del TC por tercios, estableciendo así una elección por sextos".
“Esta circunstancia”, explica, “permite que el Gobierno de España nombre a 2 políticos socialistas como magistrados, siendo uno de ellos el anterior Ministro de Justicia, sin esperar al nombramiento de los 2 jueces que la ley permite al CGPJ”.
Ante estos hechos, el portavoz europeo y dirigente de Vox recuerda que el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea y los artículos 253 y 254 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea recogen que los jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, serán elegidos entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de independencia.
Por ello, pregunta qué acciones se plantea la Comisión “para garantizar el respeto a la división de poderes que está siendo atacado por el Gobierno socialista de Sánchez” y cuál es la opinión de Bruselas sobre lo que está sucediendo en España en relación con el proceso de elección de los magistrados.
Vox recurre a la Mesa del Senado
Por otra parte, 3 senadores de este partido, José Manuel Marín, Yolanda Merelo y Pepa Millán, han solicitado a la Mesa del Senado “la inmediata suspensión de la tramitación prevista de la Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso”.
Los senadores de Vox, al igual que los Diputados de esta formación, aseguran que en la sesión de ayer se vieron privados del procedimiento reglamentariamente previsto, “y compelidos a intervenir en un procedimiento legislativo inadecuado […] que supone la supresión de una serie de trámites, restringiendo indebidamente nuestras facultades de participación en la formación de la voluntad de la cámara”, asegura el escrito.
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