Tal y como había amenazado con hacer un día antes, Vox ha presentado este martes una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
Lo hace acusándole de varios delitos, principalmente de cohecho, (artículo 419 del Código Penal-CP), pero también otros como: encubrimiento o colaboración con el terrorismo (art 451 CP), usurpación de funciones del poder judicial (art 402 CP) y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función (art439 CP).
Además, el partido de Santiago Abascal reclama, en relación al delito de cohecho, la responsabilidad penal tanto del PSOE como de Junts.
Evitar su investidura
En la querella, Vox explica que “teniendo en cuenta las circunstancias de alarma social, la extrema gravedad y urgencia para la pervivencia de nuestro ordenamiento jurídico de los hechos denunciados y sus consecuencias jurídicas y políticas para el Estado social y democrático de Derecho surgido de la Constitución de 1978”, solicita la medida cautelar de inmediata suspensión de la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno, anunciada para los días 15 y 16 de noviembre.
Ademñas, Vox acusa a Sánchez de ser un presidente del Gobierno en funciones y secretario general de un partido político que “acepta, a cambio del voto a favor en su investidura de un determinado partido político, realizar por sí, y/o a través de su partido político, y/o del gobierno una vez investido con el voto de ese partido político, una serie de actos que atentan directa y definitivamente con la máxima gravedad la cláusula del Estado de Derecho (art. 2 Tratado de la Unión Europea) y los valores superiores de nuestro ordenamiento Jurídico consagrados en el artículo 1 de la Constitución de 1978”.
La querella, a fondo
Vox entiende que Sánchez “está cometiendo un delito de cohecho, de forma flagrante y pública y merece el inmediato reproche penal del Poder Judicial a través del órgano judicial competente, que es el Tribunal Supremo” al que acude para presentar la querella”.
En este sentido, la querella explica que el delito de cohecho se ha realizado por diversos actos, entre ellos, “negociaciones prohibidas a autoridades como un presidente del gobierno en funciones, con abuso de sus facultades”. Además, asegura que con ese cohecho, “se colabora con el terrorismo, se encubre a delincuentes y se pretende usurpar funciones judiciales”.
Puigdemont y la amnistía
Por otro lado, Vox también incluye en la querella al expresidente catalán Carles Puigdemont. Así, los acuerdos firmados entre Sánchez y Puigdemont, es decir, entre PSOE y Junts, ya en fase de ejecución como lo demuestra la presentación de la proposición de ley orgánica de amnistía a todos los que participaron en actos delictivos desde las organizaciones y partidos separatistas en Cataluña, “constituyen la contraprestación del Sr. Sánchez al voto favorable de Junts en la investidura convocada para los próximos 15 y 16 de noviembre de 2023”.
Para Vox, dichos acuerdos en conjunto, y en concreto la citada amnistía, no solo determinan la desaparición en España de la separación de poderes y la violación de la función jurisdiccional del artículo 117 de la Constitución, sino que son una directa violación de los derechos y principio de igualdad, tutela judicial efectiva, legalidad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, ex art. 9.1 y 9.3 CE.
Así, estos acuerdos y, en concreto, la amnistía, suponen que “el futuro presidente del gobierno ha decidido incumplir todos los deberes inherentes a su cargo y dejar de realizar los que le son propios; negando la validez a cuanto se ha realizado en defensa de la legalidad, el orden constitucional y los derechos y libertades en Cataluña ante la subversión del orden constitucional del gobierno, partidos y organizaciones separatistas desde 2012 ad infinitum”. Se trata -expone VOX- de una enmienda total a nuestro sistema legal, jurídico y constitucional, algo que Sánchez ha hecho “exclusivamente a cambio del voto de un grupo político en la sesión de investidura”.
En definitiva, VOX argumenta que “la mayoría parlamentaria no convierte en legal lo delictivo igual que no convierte la mentira en verdad o el mal en bien”.
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