El Tribunal de Cuentas pide el fin de los monopolios funerarios

Tal y como concluye este informe, datado el 20 de julio de 2006, ni el Estado ni las comunidades autónomas, salvo Cataluña, han establecido los criterios necesarios para el correcto funcionamiento del decreto Ley 7/1996 de liberalización y, en ocasiones, las condiciones exigidas por los municipios a las empresas funerarias restringen las posibilidades de concurrencia, ya que establecen condiciones muy restrictivas en relación con las necesidades reales del sector.

De esta manera, el presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez Pérez, ha pedido el desarrollo de normas liberalizadoras y la redacción de una ordenanza marco que permita armonizar las condiciones exigidas. En su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso y Senado), Núñez también ha recomendado el control del equilibrio financiero y la realización de estudios rigurosos de costes para así poder determinar el coste real de cada uno de los servicios prestados.

Núñez también denunció la escasa información ofrecida por los ayuntamientos en este tema y la escasa disponibilidad de los municipios en la resolución del problema. "Tras la aprobación del informe, sólo desde Cantabria se ha aprobado una nueva normativa, pero no se ha elaborado ningún informe", denunció.

Por otra parte, tras las preguntas y recomendaciones de los grupos parlamentarios surgidos a partir del informe, el presidente del Tribunal de Cuentas reconoció la conveniencia del monopolio de la mancomunidad en el caso de municipios que por su escaso número de habitantes no "tienen clientes" para facilitar la libre concurrencia.