Ocho de las 27 detenciones por falsedad documental se hicieron en Madrid

Las academias desde las que se ofrecían estas titulaciones estaban ubicadas en Alicante y Málaga. La mayoría de los detenidos habían obtenido ilegalmente títulos universitarios de médico cirujano, psicólogo, médico en terapia física y rehabilitación, químico farmacéutico, ingeniero  forestal o historiador. Algunos de ellos, amparados en esas falsas titulaciones,  ejercían en clínicas privadas en las que realizaban inyecciones de silicona o botox, recetaban fármacos o ejercían como fisioterapeutas.

La operación, denominada “Estudiante”, se inició en San Sebastián y continuó en distintas localidades españolas hasta un total de 27 detenidos y 12 imputados. Las investigaciones no han concluido y se esperan próximas detenciones en Lima (Perú) de los responsables de emitir y enviar dichos títulos a España.


Falsedad documental e intrusismo
A raíz de las primeras detenciones realizadas en San Sebastián pudo identificarse al propietario de la academia que ofertaba las falsas titulaciones y que estaba ubicada en una localidad alicantina. Este individuo, Eduardo P.M., poseía además una clínica en la que ejercía como licenciado en Medicina y Cirugía y su mujer regentaba una parafarmacia contigua como diplomada. 

Los datos bancarios de la mencionada academia reflejaban numerosas transferencias bancarias en concepto de “convalidación de títulos”. Los agentes confeccionaron un listado con los ordenantes de dichos ingresos que fue remitido al Ministerio de Educación y Ciencia. Muchos de estos sujetos habían logrado homologar sus títulos, los cuales pudo comprobarse posteriormente que eran falsos.

Eduardo P.M. contaba con otro socio, José L.M., que residía en Málaga donde poseía otra academia desde la que ofrecía también estas falsificaciones que habían sido homologadas.

Contactos en Perú
Los dos propietarios de estas academias mantenían contactos con distintos sujetos de las universidades de Perú, adonde realizaban viajes periódicos. Una vez que tenían un comprador, los certificados de cargas horarias, los certificados de estudios y la resolución rectoral, los detenidos pedían que les ingresasen una cantidad de dinero que oscilaba entre los 6.000 y 12.000 euros. Cuando ya poseían el título era cuando se solicitaba el último ingreso hasta alcanzar los 18.000 euros por titulación.

Toda la documentación era presentada al Ministerio de Educación y Ciencia que, mediante resolución, les otorgaba la homologación que les habilitaba para ejercer como tales.

Los títulos se justificaban a través de lo que denominaron universidad virtual.

En clínicas privadas o residencias
La mayor parte de los títulos expedidos eran licenciaturas de Médico Cirujano, de éstos un gran numero de detenidos trabajaban en clínicas privadas expidiendo altas y bajas medicas, así como recetando fármacos, mientras que otros detenidos trabajaban en residencias de la tercera edad.

En algún caso los detenidos habían abierto centros de medicina estética donde realizaban la fabricación de cremas para la reducción de grasa corporal y tratamientos contra las arrugas, inyección de silicona, o aplicación de radiofrecuencia y dermoabrasión, entre otros.

Los Técnicos Médicos en Terapia Física y Rehabilitación eran los segundos más numerosos y con la homologación en España podían ejercer como fisioterapeutas.

La falsificación de titulados en Derecho era menor. En estos casos estaban colegiados y ejerciendo como tales en despachos de abogados. Con el mismo porcentaje se encuentran Licenciados en Psicología. En último lugar se adquirían títulos de enfermería, ingeniería forestal, farmacia, arquitectura o administración de empresas.

Todos los detenidos hicieron entrega en las diferentes plantillas de los títulos originales, así como los certificados de las cargas horarias y resoluciones rectorales de las titulaciones.