Unos 3.500 afiliados al sindicato base de Lima de la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial acordaron paralizar sus labores la semana próxima y no descartan una huelga prolongada en caso no se atiendan sus demandas.
El gremio pide a las autoridades del sector el pago de un bono por función jurisdiccional y el cese de las rotaciones (turnos) del personal administrativo.
En tanto, el presidente de la Unión Nacional de Transporte de Dueños de Camiones del Perú, Alfonso Rivas, anunció una huelga prolongada a partir del 19 de noviembre para exigir al gobierno la derogatoria de unas normas que aplican drásticas sanciones a los propietarios de los vehículos que protagonicen accidentes.
Los dueños de los transportes serán responsables de las infracciones cometidas y los choferes de esas unidades sancionados con la cárcel, según medidas aprobadas por el Congreso en agosto.
Unas 23.000 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en los últimos cinco años, indicó la policía peruana. Un 65 por ciento de los accidentes se debe a conductores y peatones ebrios, de acuerdo a las autoridades del sector.
Rivas dijo que las normas en cuestión llegan hasta la cancelación de la licencia de operación y de concesión, además del certificado de habilitación vehicular, "lo que llevaría a la quiebra a la empresa y el dueño a la cárcel", declaró a la radio RPP.
"Violan (las normas en cuestión) el principio de igualdad ante la ley. Es una ley para castigar a los transportistas y no a los que cometen infracciones", anotó tras señalar que una de las principales causas de accidentes de ruta es la falta de adecuadas autopistas.
El Perú, que será sede de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), el 21 y 22 de noviembre en Lima, afronta una convulsión social y varios gremios laborales anuncian huelgas y medidas de protesta.
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