Circula por internet un documento que, por su asombroso y contestatario contenido, cuesta creer que se deba a una organización cuyo brazo político fue aliado muy cercano de Correa.
Allí se dice, entre otras cosas, que se demanda de la Comisión Legislativa que “se proceda a archivar la ley minera por inconstitucional hasta que se instale la nueva Asamblea Nacional”, y se exige a la Comisión Legislativa que fiscalice al gobierno, “porque en sus dos años de gestión no se conoce el destino correcto de los recursos del alto precio de petróleo”.
Rechazan “la política neoliberal del modelo extractivista que va contra el principio del Sumak kawsay, el buen vivir y también el proyecto de Eje Multimodal Manta-Manaos.
Hacen responsable al gobierno “de la integridad de los líderes y dirigentes indígenas, sociales y autoridades locales”, víctimas de “persecución”.
Otro reclamo es que se controlen los “precios de la canasta básica ante la permanente y escalada elevación de estos productos que ha dado lugar a la carestía de la vida”.
Quieren “demandar al Presidente de la República y a sus ministros por hechos asociables al genocidio contra los pueblos libres tagaeri y taromenane, suscitados en el área de su territorio ancestral”. Los firmantes del documento fechado en Tena el 30 y 31 de octubre de 2008, se declaran “garantes y fiscalizadores del cambio que el país espera y requiere”.
Ellos son el Consejo de Gobierno de la CONAIE, la CONAICE, ECUARUNARI y CONFEINAE, quienes, además, hacen pública “la total independencia de Pachakutik frente al régimen actual”. Ver para creer, ¿quién hubiera imaginado esta actitud hace apenas tres meses?
Si (
No(
