PP pone trabas a la creación de suelo industrial en Cudeyo

La diputada María Antonia Cortabitarte criticó hoy la ubicación señalada por el Gobierno a través del Plan de Ordenación del Litoral (POL), es una zona con desniveles de hasta el 40%, en la que se alcanzan cotas de hasta 90 metros de diferencia y se prevé además realizar tres accesos por otros tantos cascos urbanos: los de Solares, Heras y Orejo.

Los 'populares' no entienden por qué el Gobierno ha seleccionado este emplazamiento, a tan sólo unos metros del propuesto en la pasada legislatura con el "acuerdo" de los ayuntamientos afectados. Se trata de una zona llana, con acceso directo a la Autovía del Cantábrico y en la que buena parte de los terrenos son propiedad del Ejecutivo regional.

Además, según la diputada, todos los partidos de las corporaciones de ambos municipios, gobernados por el PRC, coinciden en que es mejor ubicación. Sin embargo, el Plan de Ordenación del Litoral clasificó esa zona como área protegida.

Cortabitarte explicó que es un espacio de marismas con relleno de material de hierro de las antiguas minas de Peñacabarga, con idénticas características al suelo del futuro polígono Piélagos-Villaescusa que también prevé el POL, por lo que no entiende la diferencia de criterios.

Pero además, resaltó que el proyecto, que se tramita en forma de proyecto singular de interés regional (PSIR), tiene en su contra diversos informes, incluso de técnicos la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, que es al tiempo la promotora del mismo. "¿Qué intereses puede haber detrás? ¿Qué interés puede tener Mediavilla (el consejero de Presidencia), ideólogo, promotor e impulsor, para estar empeñado en un proyecto que no tiene el beneplácito de ninguno de los técnicos que lo han visto?", preguntó.

Cortabitarte piensa que el Gobierno está todavía "a tiempo de rectificar" y "recuperar la cordura" en torno a este proyecto, cuyo PSIR se espera tener aprobado esta semana de forma provisional en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).

"Informes demoledores"

La diputada recordó que lo que tramita actualmente el Gobierno es una modificación de su proyecto inicial, ya que el primero cosechó informes desfavorables de organismos externos, como el Ministerio de Fomento, y de otros del propio Gobierno cántabro, como la Dirección General de Carreteras, incluido un "informe demoledor" del servicio de Planificación Territorial y Urbanística de la Consejería de Presidencia que alertaba del "impacto paisajístico".

En enero de este año salió a información pública el nuevo proyecto que, en opinión de Cortabitarte, no supone cambios sustanciales y sigue presentando los mismo impactos. "El problema no es el proyecto, sino su ubicación", recalcó la diputada, quien aseguró que la situación "no tiene remedio" si no hay un cambio de emplazamiento.

Según dijo, esa ubicación "no entra en la cabeza de nadie que tenga un mínimo sentido común", entre otras cosas, porque se trata de un "terreno escarpado, con pendientes impresionantes y diferencias de cota de hasta 90 metros". Además, al situarse en un monte, señaló que se verá desde los municipios limítrofes, pero también desde otros más alejados y chocará también con el plan de protección del entorno de la Bahía que promueve la Consejería de Medio Ambiente.

Dificultades técnicas

A su juicio, "a los desastrosos efectos medioambientales y paisajísticos se añaden las dificultades técnicas" para abordar las obras en ese terreno, lo cual supondrá un "encarecimiento" de las mismas. En este sentido, criticó la "desfachatez" del Gobierno, al que acusó de querer "cargar" esos costes "a las espaldas de los propietarios", ya que el precio de salida para las expropiaciones se ha fijado en 9,84 euros por metro cuadrado.

Cortabitarte considera además una "chapuza" los accesos propuestos, cuando se prevé que este área industrial tenga un tránsito diario de 10.000 vehículos, que pasará consecuentemente por los cascos urbanos de Solares, Heras y Orejo, algo que tachó de "inviable e impresentable".