Alquileres: la cara y la cruz de CiU

El grupo parlamentario de CiU defenderá este martes en el Pleno del Congreso una proposición de Ley Orgánica para agilizar los procesos de desahucio en caso de impago de alquiler, con el objetivo de dotar de "más seguridad a los arrendatarios y arrendadores" y potenciar el mercado de viviendas en régimen de alquiler, así como para impedir los procesos de 'mobbing' inmobiliario.

   Asimismo, se debatirá otra iniciativa de la federación catalana con la que pretende obligar al Gobierno y a las comunidades autónomas a destinar un total de 8.000 millones de euros a la compra de 40.000 viviendas, para así aliviar el 'stock' de las promotoras inmobiliarias y potenciar la oferta de alquiler. 

   En un comunicado, el portavoz de Vivienda de CiU, Pere Macías, explicó que su propuesta, que abarca la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la de Enjuiciamiento Civil, busca establecer un "mecanismo rápido y eficaz" de protección para los arrendadores que alquilan un inmueble, a fin de que se les dé más garantías de cobro de la renta y facilitar en última instancia un mayor número de viviendas en alquiler.

   La proposición de CiU también busca evitar las dificultades que sufren muchos ciudadanos para mantener la vivienda en régimen de alquiler, por lo que exige a la Administración que proteja a aquellas personas que se ven forzadas a abandonar una finca arrendada debido a que no pueden hacer frente al pago de la renta al no disponer de recursos.

Acoso inmobiliario

   Por este motivo, el Gobierno estaría obligado a presentar, en el plazo de seis meses, otro proyecto de ley para crear un fondo de ayudas destinadas a sufragar el impago de las rentas de alquiler de vivienda habitual para personas en situación de alta vulnerabilidad social y víctimas del denominado acoso inmobiliario.

   La otra propuesta, una moción relativa a la adquisición de viviendas en manos de las promotoras por parte de las administraciones central y territoriales, es consecuencia de la interpelación que hace tres semanas dirigió el propio Macías a la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, quien rechazó de plano esta posibilidad, a pesar de que, según admitió entonces, el excedente de viviendas en manos de las empresas supera las 650.000 viviendas.

Rechazo del Gobierno

   Ahora, CiU forzará una votación ante el Pleno de la Cámara sobre su propuesta de que el Gobierno destine 6.000 millones de euros a la compra de 30.000 viviendas libres, mientras que las comunidades emplearían otros 2.000 millones en la compra de 10.000. Todas ellas entrarían en el mercado del alquiler y, a cambio, sus promotores se comprometerían a construir otras 40.000 viviendas, también destinadas al alquiler.

   Según aseguró Macías durante el debate de hace dos semanas, esta medida permitiría el "rescate" de 100.000 puestos de trabajo (2,5 empleos por vivienda), un ahorro a la Seguridad Social en prestaciones por desempleo de 1.380 millones de euros y un incremento de la recaudación vía impuestos de 1.200 millones de euros. "Por tanto, en un sólo año, más de 2.500 millones de euros, de estos 6.000 invertidos, retornarían a las arcas del Estado", añadió.