La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció en noviembre que en el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para 2009 del Gobierno regional suprime totalmente el Impuesto de Patrimonio en la autonomía.
Aguirre, que hizo este anuncio durante la inauguración del XI Congreso Nacional de la Empresa familiar, recordó que Madrid fue la primera región de régimen común que suprimió el Impuesto de Sucesiones y Donaciones de padres a hijos, cónyuges y parejas de hecho, así como la primera comunidad en rebajar un punto el IRPF.

La jefa del Ejecutivo autonómico insistió en que Madrid necesitaba "reformas estructurales" para, entre otras cosas, seguir generando empleo. Por ello, abogó por iniciativas como el control del absentismo laboral, "doble en España que en el conjunto de los países europeos", o por acciones como que los préstamos que los socios tienen que dar a sus empresas no tributen a tipo parcial.
Aguirre respaldó una vez más la necesidad de afrontar reformas estructurales porque, a su entender, "no es razonable que España siga manteniendo el tipo medio real del Impuesto de Sociedades en el 30 por ciento cuando en Irlanda está al 12,5 por ciento o en los países del este, como Estonia, está al 10 por ciento". También indicó que este hecho es "menos razonable aún" cuando España tiene el segundo índice exterior "más abultado" del mundo solo por detrás de Estados Unidos. "Esto es una prueba de la falta de competitividad en España", añadió.
A favor y en contra
En la apertura del Congreso también intervino el presidente de Adefam, Jesús Macarrón, quien aseguró que la Comunidad de Madrid es una de las regiones más dinámicas y vanguardistas de España y una de las que mejor está aguantando la crisis gracias, según dijo, a una combinación del esfuerzo de los empresarios y de las políticas económicas del Gobierno regional.
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El Grupo Parlamentario de IU en la Asamblea de Madrid afirmó al respecto que las políticas sociales serán las directamente perjudicadas por la supresión del impuesto, ya que los 630 millones que estaba previsto ingresar por este concepto podrían emplearse para, por ejemplo, construir más de 200 escuelas infantiles.
"Estaba previsto ingresar 630 millones de euros de ingresos por este impuesto, y ahora nos encontramos con unos presupuestos aún más duros e insuficientes para desarrollar políticas sociales que palien los efectos de esta crisis entre quienes más lo necesiten", declaró el diputado regional y Portavoz de la Comisión de Economía y Hacienda de la Asamblea de Madrid, que aseveró que se va "justo en la dirección contraria".
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En cambio, el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Salvador Santos Campano, se mostró muy favorable al anuncio y deseó que todas las administraciones tuvieran "la misma sensibilidad a la hora de apoyar a las empresas, porque los empresarios necesitamos que se reduzca la presión fiscal más que nunca”.
El presidente de los empresarios de Madrid, por su parte, valoró especialmente que el Gobierno regional proponga medidas administrativas más ágiles y se eliminen determinados trámites burocráticos.
En este sentido, Arturo Fernández dijo que “así se dinamizará la economía de la región y serán un gran apoyo a las actividades empresariales, que generarán importantes inversiones y empleo”.