Ortiz, de la fuerza conservadora Poder Democrático y Social (Podemos), sostiene que las actividades de investigación contenidas en el informe de la misión de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) han sido "insuficientes".
"El informe de UNASUR es incompleto e insustancial desde la perspectiva de averiguación histórica de los hechos con relevancia penal", indica la carta difundida hoy en un diario nacional.
La misión, dirigida por el argentino Rodolfo Mattarollo, concluyó que en la región amazónica de Pando hubo una masacre "planificada" de veinte campesinos, seguidores del presidente boliviano, Evo Morales, y un crimen de "lesa humanidad".
La comitiva de UNASUR estableció la participación de funcionarios de la prefectura (gobernación) opositora de Pando en la matanza ocurrida el pasado 11 de septiembre, durante una ola de protestas desatadas por la oposición contra el gobernante boliviano.
Los presidentes de UNASUR se reunirán la próxima semana para evaluar el informe en Brasil, adonde Morales viajará este lunes.
Ortiz le pide una nueva investigación con "actores imparciales" y a los gobernantes a no convalidar el informe en su reunión de Brasil.
La postura de Ortiz fue descalificada hoy por el ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, quien lo tildó, en declaraciones a radio Patria Nueva, de ser un opositor "intrascendente" que intenta "llamar la atención".
Ortiz, según Rada, está terminando su gestión, porque el próximo año no tiene probabilidades de ser elegido otra vez como presidente del Senado.
Según la misiva, la investigación de campo y el resguardo científico en la recolección de pruebas en Pando "claramente no ha sido cumplida".
"El informe adolece de investigación forense especializada necesaria para fundamentar conclusiones de trascendencia penal. No consta en el mismo valoración de balística, medicina forense y otras pruebas de laboratorio técnico que permitan revelar los hechos ocurridos", afirma.
Asimismo, señala que el informe ha sido "claramente direccionado a sostener una hipótesis: la del Gobierno", porque la mayoría de las actividades de la misión fueron entrevistas a funcionarios que reforzaron una tesis "parcial" de los sucesos de Pando.
También asegura que la comisión se ha reunido dos veces con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a quien la oposición acusa de ser uno de los responsable de la violencia.
"Contradictoriamente, su declaración (la de Quintana) se la asume como prueba de cargo y se omite mencionar la responsabilidad de esta autoridad de Gobierno en los hechos", sostiene el senador.
"Un aspecto al cual no se puede dejar de hacer referencia es la ausencia de equilibrio y contradicciones", apunta y detalla que el informe descarta responsabilidades del Ejecutivo y, en cambio, achaca la culpa "exclusivamente" a la Prefectura de Pando.
En este punto explica que la muerte de dos funcionarios de esta prefectura, Pedro Oshiro y Alfredo Robles, "no ha sido analizada y es contradictoria con la afirmación de que solo existieron armas en solo uno de los grupos en conflicto".
Tampoco, según Ortiz, hay una valoración sobre los heridos de bala y esencialmente la muerte del pastor evangélico Luis Antonio Riveros Sieukeni, en el aeropuerto de Cobija (capital de Pando), durante una intervención militar a la terminal aérea.
Cuestiona que la misión haya asumido la posición de recomendar de procesar por vía penal a los supuestos responsables, entre ellos el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, y no en un juicio de responsabilidades como pide la Corte Suprema.
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