El portavoz de la coalición de izquierdas, Ángel Pérez, afirmó que ese dinero llegará a sus manos "por arte de birlibirloque". "¿Somos antiguos los que pensamos que regalar 3.000 millones en nombre del patrimonio ciudadano es un desfalco?", preguntó Pérez tras calificar de "escándalo" que DUCH se haga con el 45 por ciento de los ingresos netos de la operación "sin aportar un metro cuadrado".
Para la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, lo más destacado del convenio firmado el pasado mes de diciembre, y que supone el desbloqueo de la operación Chamartín tras 15 años de paralización, es que ahora las administraciones se verán liberadas del pago de 500 millones para la financiación de infraestructuras, una cantidad que será abonada por los propietarios del suelo, como establece el acuerdo.
Por su parte, Pérez insistió en que, según el reparto pactado según datos de 2006 del Ayuntamiento, la venta de suelo superaría los 10.000 millones de euros. De ese total habría que restar algo más de 3.000 destinados a las infraestructuras y de los 7.000 restantes la proporción, en función de la cantidad de suelo aportado, sería de 4.429 millones de euros para el Ministerio de Fomento por su 62,9 por ciento, 1.383 millones para los propietarios privados, 829 millones para el Ayuntamiento y 397 millones para la Comunidad de Madrid por los terrenos ocupados por el Canal de Isabel II.
"Según el acuerdo, de los más de 4.000 millones de Fomento habría que descontar 1.200 millones en concepto de canon que DUCH pagaría a la Administración central y los 3.000 restantes serían el resultante final de semejante pelotazo", detalló Pérez para calificar la situación de "desfalco al patrimonio público". Además aprovechó su intervención para dudar de la necesidad de sacar al mercado 10.000 viviendas más "cuando son casi 200.000 las que están vacías y están pendientes los nuevos desarrollos, que no se desarrollan, y las del Mahou-Calderón".
Reversionistas
DUCH, la intermediaria titular de los derechos de la operación, buscada por Fomento para la venta del suelo tras hacerse con la concesión del concurso convocado por el Ministerio en 1993, no parece ser del agrado de los reversionistas de Chamartín, que han puesto sus ojos en otra empresa, Reversia. Incluso la asociación que representa a gran parte de ellos, más de mil familias afectadas por la actuación urbanística proyectada sobre las instalaciones ferroviarias de Chamartín y Fuencarral, ha llegado a un preacuerdo con esta empresa, de capital gallego, que "tiene capacidad por sí misma para desarrollar la operación en el caso de que DUCH perdiera la concesión".
En cuanto a DUCH, Pilar Martínez dijo que esta firma estuvo mal planteada desde su origen ya que la rentabilidad del desarrollo no es para el Ministerio de Fomento sino que va a parar a manos privadas, "no como pasará en Campamento", como adelantó. Recordó asimismo que dejar la rentabilidad del suelo a un operador privado en Chamartín siempre ha permanecido a favor de DUCH a pesar de los cambios de gobierno.
La delegada de Urbanismo insistió en el ahorro para las administraciones de 500 millones de euros, de los que ahora se harán cargo los propietarios del suelo para poner en marcha infraestructuras necesarias para el desarrollo como el nudo norte, el de Fuencarral, las instalaciones del Canal, la nueva línea de Metro, la conexión entre Tres Olivos y Las Tablas, el cubrimiento de las vías férreas y la urbanización y afección de los servicios existentes.
Un suelo público expropiado por el interés general, más de un millar de madrileños afectados por esta decisión desde la década de los 40, un convenio firmado el pasado mes de diciembre, que pone en marcha una acción urbanística que se traducirá en miles de viviendas nuevas: éstos son algunos de los factores que dan forma a la 'Operación Chamartín', por la que antiguos propietarios del terreno, que ven con buenos ojos la reciente firma entre Fomento, Comunidad y Ayuntamiento, esperan obtener casi 300 millones de euros por sus derechos de reversión. De hecho, cifran en 300 millones de euros los que podrían recibir los antiguos propietarios al haber fijado un precio de 286 euros por cada uno del millón de metros cuadrados expropiados.
Si (
No(
