Referéndum constitucional: ¿adónde hemos llegado?

¿La Constitución aprobada el domingo 25 de enero de 2009, guardaba relación con algunos proyectos del año 2006 que surgieron con fuertes rasgos marxistas e indigenistas, anticipando un Estado radicalmente de izquierda? No, no había ninguna relación si se comparan tres aspectos: primero, los 21 informes de las comisiones de la Asamblea reunían más de 500 artículos, muchos de los cuales se repetían y no hubo una metodología para filtrar, cotejar o darle un contenido jurídico-constitucional formal. Nunca funcionaron las comisiones mixtas o de concertación previstas el reglamento de debates.

El segundo aspecto se relaciona con la comparación entre las versiones de Constitución que tenía el Movimiento Al Socialismo (MAS) entre los meses de septiembre y diciembre de 2007, que también difieren. La violencia desatada en Sucre a partir del 15 de agosto de 2007, no solamente cerró las plenarias en la capital de la república, sino que se convirtió en el estímulo para que el MAS, de una vez por todas, sancione por lo menos un borrador consistente que no existía sino hasta noviembre de 2007. El índice del texto constitucional aprobado el 24 de noviembre de 2007 durante la plenaria realizada en el liceo militar Edmundo Andrade no tiene relación con la versión final de Constitución que comenzó a circular por órdenes de la Vicepresidencia a finales de diciembre de 2007.

El tercer elemento señala que los asambleístas tenían una versión impresa después de la aprobación en el liceo militar, otra versión antes de ingresar a Oruro, y finalmente ni siquiera el conjunto de los constituyentes del MAS había leído o conocía la versión completa que se escribió entre una comisión de no más de 30 constituyentes en el edificio de la Lotería Nacional y en el Hotel Oberland a finales del año 2007.

Con estos conflictos, las campañas de socialización del texto constitucional organizadas por el gobierno dejaron de lado el radicalismo, tratando de no indigenizar demasiado la Constitución. Sí se mantuvo la orientación de los derechos sociales y colectivos y se apartó la “estructura del nuevo Estado” planteada por los sectores más indianistas del Pacto de Unidad, simplemente porque no tuvieron la oportunidad de darle “coherencia al texto constitucional” en concertación con las presiones indígenas y campesinas. Todas las campañas a favor del sí a la Constitución destacaron el valor que significa retomar la soberanía política y el carácter “intervencionista del Estado” en la economía y los destinos del desarrollo.

La oposición – Poder Democrático y Social (Podemos), así como los prefectos de la “media luna” – no tuvo la suficiente fortaleza como para evitar la aprobación del texto final en Oruro y se dedicó completamente a diseñar una campaña haciendo énfasis en cómo la “intervención de Hugo Chávez” violaba la soberanía boliviana. El gobierno calculó los daños y el descrédito ante la opinión pública reduciendo el impacto de las reivindicaciones indígenas como la restitución de antiguas estructuras organizacionales: los ayllus. Sus campañas se concentraron más en los sectores de clases medias y urbano-populares, destacando las redes de protección para los grupos vulnerables que tenía la Constitución.

El círculo palaciego del MAS y Evo Morales dudaba en aplicar con decisión las sugerencias constitucionales del Consejo Nacional de Ayllus y Marqas del Qullasuyo (CONAMAQ), la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Central de Indígenas de las Tierras Bajas (CIDOB) y otras organizaciones indigenistas que eran asesoradas por organizaciones no gubernamentales, terminando por confundir los cálculos políticos de reelección con la defenestración de los prefectos de la “media luna” y la necesidad de guardar equilibrios con la clase media en Bolivia.

La debilidad de la oposición y sus campañas a favor del no se complementaron con el pragmatismo y movilización de masas que impulsó el MAS para exigir la aprobación de su texto, pero manejando un “doble estándar discursivo”. El plan era lograr la aprobación y acomodar progresivamente la Constitución a una estructura institucional que favorezca la hegemonía de partido único con el MAS a la cabeza y la reelección de Evo.

Las campañas del MAS se caracterizaron por una inclinación a reconocer el modelo capitalista, en lugar de transmitir nuevos esquemas sociales de amplia participación indígena. Esto fue un retroceso del discurso frente a la realidad para evitar una indigenización extrema de los cambios políticos. Toda la teoría del socialismo del siglo XXI, la revolución democrática o un giro similar al sistema venezolano nunca fueron discutidos abiertamente entre el MAS y los movimientos sociales indígenas. El propósito final de las campañas por el sí era consolidar al MAS como una élite dirigente con acceso al poder, uso de recursos y estrategias de movilización para influir en el sistema político en el largo plazo.

El gobierno del MAS califica su gestión como una verdadera revolución. Empero, todas las decisiones gubernamentales son, en un sentido marxista clásico, reformismos. No existe ninguna revolución y el argumento más claro es la Renta Dignidad que modifica el nombre a la política pública iniciada por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada con el Bono Sol. La estructura financiera para mantener vivo el bono cambia pero sin alterar las previsiones electoralistas que tuvo la derecha gonista durante los ajustes estructurales en los años 90. El concepto de revolución implica altas dosis de violencia y destrucción total de las estructuras del viejo orden político, así como un alto costo humano para consolidar a una élite revolucionaria que, progresivamente, actúa con un carácter más totalitario para evitar intrusos en el proceso revolucionario.

Después de la aprobación del texto constitucional el 25 de enero de 2009, el tipo de Estado que se tiene en Bolivia es uno interventor con la facultad para proseguir acciones de nacionalización de más sectores de la economía, resistente a la posibilidad de incorporar inversión extranjera directa y muy influido por la antropología multicultural. Posiblemente esta sea la novedad conceptual. La Constitución habla de un Estado Plurinacional en términos antropológicos y teóricos pero sin definir claramente sus consecuencias ni requerimientos para el diseño de políticas públicas.

En la práctica, el Estado sigue siendo ineficiente y la élite gubernamental carece de instrumentos claros de gestión pública. La discusión sobre optar por el capitalismo o el socialismo representa una visión ideológica en el texto constitucional que incorpora varias reivindicaciones socialistas pero que nada tienen que ver con el contexto internacional global donde dejó de importar la vieja polarización de la Guerra Fría en términos de un violento choque entre capitalismo y socialismo.

Con la polarización entre Oriente y Occidente, así como entre áreas urbanas y rurales luego del referéndum constitucional, los conflictos latentes y la inestabilidad política en Bolivia mantienen una serie de problemas irresueltos. La modificación del texto constitucional prevé mecanismos institucionales como el referéndum y la actuación del Congreso; sin embargo, si los problemas de gobernabilidad desatan la violencia de octubre del año 2003 cuando renunció Sánchez de Lozada, entonces es previsible que la Constitución sea cambiada una vez más por otro régimen que se haga con el poder y con el discurso para instalar otra élite del poder. Este es el drama boliviano, haber caído en la fosa de pugnas entre élites y contra-élites a costa de un sufrimiento y destrucción de procesos de desarrollo estables y duraderos. En el fondo, aquel octubre negro de 2003 sigue, como un fantasma insomne, amenazando las ambiciones de todo caudillo de turno.

Por Franco Gamboa Rocabado, sociólogo político, miembro de Yale World Fellows, [email protected]