Por estos hechos se denunció ante la Fiscalía al ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez; como a Misael Gemio, presidente del directorio de SIPSA, y al gerente general, Rogelio Ashimine. Además se incluyó a las dos accionistas de la firma, Lucy Barbery y Nilda Domínguez; a los miembros del directorio de la sociedad anónima: Esther Carmona (vicepresidenta), quien además fue asesora jurídica de YPFB; Reynaldo Marín (Director); Nelly Salvatierra (Síndico), y a Rolando Aguado.
La titular del Ministerio de Transparencia, Nardy Suxo, informó que el daño fue causado por la suscripción de un contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la sociedad anónima para la recalificación de garrafas, que asciende a 1.892.000 dólares, de los que ya se pagó el 40 por ciento (756.800 dólares).
Por el desorden encontrado en las oficinas intervenidas de ambas empresas, la autoridad no halló documentos.
Tal como lo reveló La Prensa el 14 de febrero, la suscripción de un contrato con YPFB data del 19 de septiembre y fue hecha por el gerente de la firma, Rogelio Ashimine, con el aval del directorio, presidido por el ex viceministro de Desarrollo Energético Misael Gemio y la vicepresidenta Esther Carmona, asesora de YPFB.
Suxo explicó que además existe la posibilidad de otro daño, de entre 30 y 60 millones de dólares, “esto en relación al alquiler que se habría estado pagando de un taladro para llevar adelante las funciones que debía desarrollar YPFB”.
La maquinaria se encuentra, desde agosto de 2008, en el campo Víbora, de la provincia Cordillera, de Santa Cruz, para perforar el pozo 34d y ampliar la producción de gas y líquidos en el país, sin embargo, aún no funciona.
Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) trasladó el taladro, tarea por la que reclamó, en agosto pasado, una deuda de más de 6 millones de dólares en una reunión con representantes de la estatal petrolera y YPFB-SIPSA.
Suxo dejó la investigación y confirmación de su denuncia en manos de la Fiscalía para confirmar el monto total. “Será el Ministerio Público que pueda valorar más adelante cuál es el real daño económico que se le habría causado al Estado”.
Los delitos que cometieron los funcionarios implicados, según Suxo, son: asociación delictuosa, peculado, malversación, uso indebido de influencia, negociaciones incompatibles con el uso de funciones públicas, resoluciones contrarias a la Constitución (Política del Estado) y a las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica
La Prensa visitó el taller de recalificación de garrafas en El Alto y comprobó que cerca de 15 obreros trabajan en la reparación de las botellas de GLP. Según el Jefe de Planta, quien no quiso dar a conocer su nombre por ordenes superiores, dijo que desde enero ningún empleado recibe su salario, y que Yacimientos no invirtió en maquinarias, sólo les enviaban los insumos para seguir trabajando.
La autoridad indicó que en la documentación revisada también se observó que “esta entidad (SIPSA), de la cual yacimientos supuestamente tiene el 100 por ciento del paquete accionario y se le habría pagado 216 mil dólares”.
El gerente de esta compañía aseguró que SIPSA es una entidad privada, que tiene la mayor parte accionaria a nombre de YPFB. Esta situación nace cuando Ramírez, como representante de la nacionalizada petrolera, autoriza la compra irregular de la planta recalificadora de garrafas Full Industry a tres socios, en 216 mil dólares, monto que aún no se hizo efectivo, según Barbery, ex propietaria y accionista de la nueva empresa.
Suxo mencionó que también puede existir un pago por este concepto. Cuando la firma se constituye, ésta amplía sus servicos a la perforación de pozos petroleros y gasíferos, exploratorios, y de mantenimiento, construcción de plantas y equipamiento de campos petroleros, gasíferos, tendido e instalación de poliductos y plantas de almacenamiento..
YPFB no compró la perforadora
El taladro PDV-08, que llegó al país el 30 de julio de 2008 desde Venezuela, no es propiedad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), como fue anunciado por el Gobierno en el acto realizado en Patacamaya ese mismo día.
De acuerdo a publicaciones de diarios de esa fecha, la perforadora fue comprada a Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) por un valor cercano a los 25 millones de dólares, aunque no se da conocer la forma de pago acordada entre ambas partes.
Ayer, la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, declaró que “no, lamentablemente no (pertenece a YPFB la perforadora) por los malos manejos que se está haciendo”.
Añadió que la maquinaria está en condición de alquiler “cuando incluso este taladro ya lo podrían haber adquirido a favor de Yacimientos”. Esta perforadora se otorgó bajó esa figura (alquiler) para realizar la perforación del pozo 34d en el campo Víbora, tarea que le fue entregada a YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S. A. (YPFB-SIPSA) mediante un contrato. Según El Deber, el monto del mismo sería de 4,3 millones de dólares.
Bajo este concepto existe la posibilidad de un daño económico al Estado de entre 30 y 60 millones de dólares. Por este hecho, el Ministerio de Transparencia acusó a nueve personas ante el Ministerio Público, entre estos el ex presidente de YPFB Santos Ramírez.
En un reportaje realizado por El Deber, se confirmó que el taladro no está funcionando, sin embargo, Suxo afirmó que la información que tiene es que la maquinaria empezó la perforación.
YPFB-SIPSA, según su portal de internet, se promociona en el exterior como signataria de un joint venture con PDVSA para prestar servicios en el área petrolera.
Más datos
YPFB compra las acciones de Full Industry, una recalificadora de garrafas, el 25 de agosto.
El 4 de septiembre cambian el nombre a YPFB-SIPSA ante Notario de Fe Público.
El 17 de septiembre, SIPSA obtiene el informe técnico 003/2008 de recalificación.
El 19 del mismo mes, el directorio autoriza el contrato del gerente, Rogelio Ashimine.
Antecedentes
— El 13 de febrero se conoce que el ex presidente (YPFB) Santos Ramírez armó un empresa irregular, YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA), con 140 funcionarios, sin certificación presupuestaria.
— El 14 de febrero La Prensa informó que YPFB contrató a SIPSA por 1,8 millones de dólares para que ésta recalificara garrafas de gas licuado de petróleo (GLP).
— El 15 de febrero se da a conocer que SIPSA pagaba salarios por encima de los 22.000 bolivianos, o sea, sus ejecutivos ganaban más que los 15.000 que percibe el presidente Evo Morales.
El funcionario con mayor ingreso mensual era Rogelio Ashmine, quien ejerció como gerente general desde septiembre de 2008 hasta enero de 2009. Él ganaba 23.500 bolivianos mensuales. Fue destituido el 31 de enero.
- El 17 de febrero se confirma que SIPSA se creó sin resolución de directorio ni decreto supremo, que autorice su constitución.
Ramírez se amparó en la Resolución Suprema 228612 de su nombramiento, el 12 de marzo de 2008.
Si (
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