PSOE e IU apuntan a Aguirre como responsable del espionaje aunque el PP exculpa a la presidenta

A lo largo de 77 y 62 páginas respectivamente, la oposición culpabiliza a la presidenta regional no sólo de haber bloqueado e impedido trabajar en la investigación parlamentaria, sino de ser su inductora política y de que su grupo haya intentado ocultar los hechos. "Es la máxima responsable política", dictamina el PSOE que exige el cese con carácter inmediato del consejero de Presidencia, Justicia a Interior, Francisco Granados, al acreditar las informaciones de El País "la existencia de una o varias tramas de espionaje vinculadas o relacionadas con cargos políticos de confianza o empleados públicos" bajo su mando.

Rajoy y las contradicciones
El documento del grupo recuerda, frente a la tesis del PP de que los partes publicados por El País son falsos, cómo El Mundo con fecha 21 de enero aludía a fuentes próximas al vicepresidente Ignacio González que "aseguraron rotundamente que el espionaje se tiene que haber producido desde dentro del gobierno de Madrid realizado por alguien con el dinero y los medios suficientes para hacerlo y desde hace ocho meses". El espionaje a González, denuncia el escrito, no se ha tratado en la comisión en un intento de desvincularlo del resto de seguimientos, que el PSOE ve relacionado con intereses por el poder. El ex tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, aseguró en su día a Mariano Rajoy existía un dossier sobre supuestas adjudicaciones ilegales contra la mano derecha de Aguirre. Lapuerta tampoco ha comparecido al ser rechazado por el PP. Tampoco se explican cómo González pagó 8.000 euros de su viaje a Johannesburgo en metálico "porque le venía bien".

Apunta el PSOE que fue Rajoy quien aseguró que "no son rumores, esos documentos existen, lo que no sabemos es quien lo ha ordenado", mientras que el presidente fundador del PP, Manuel Fraga, lo atribuyó a "asuntos no resueltos entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid". Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta con el PP, circunscribió actuaciones contra González al propio Ejecutivo de Aguirre asegurando a la prensa que "alguien de la Comunidad molestaba a Ignacio". Respecto a los seguimientos a Alfredo Prada y Manuel Cobo, PSOE e IU coinciden en inquirir por qué no se ha permitido comparecer a éstos cuando ambos en sus denuncias aseguraron que el espionaje podría provenir de la Comunidad. Francisco Granados tildó de mentiroso a Prada cuando éste aseguró que los seguimientos coincidían con sus movimientos públicos y privados.

Las agendas "tiradas en los coches"
De las declaraciones de altos cargos y asesores de seguridad de la consejería de Interior (Marcos Peña, Sergio Gamón, Enrique Barón, Alejandro Halffter, Enrique Castaño), IU constata que existen "diferentes estructuras con contradicciones" sobre de quién dependen, con qué funciones y con quién despachan. Gamón, como él admitió, no tiene competencias regladas. En el caso de Peña tampoco quedan claras sus funciones. En cuanto al Campus de la Justicia, el grupo destaca que Halffter admitió ordenarlo y que Miguel Castaño y Sergio Gamón se contradicen en quién más estuvo en las dependencias tras la salida de Alfredo Prada. De allí desapareció finalmente no uno, sino cinco ordenadores dos de los cuales se llevó Prada ofreciéndose a pagarlos, cuestión que aún no se ha llevado a cabo. IU acusa al PP de no querer averiguar nada y, en cambio, acusa a Granados de filtrar información a El Mundo para desmentir los partes de El País.

Izquierda Unida va más allá y recalca que el "veto" a comparecer a los espiados y el "manejo que se ha hecho" de la comisión de investigación hace que el Gobierno de Aguirre sea "responsable de que no se sepa la verdad". Una cuestión capital a juicio de la oposición, la declaración de Castaño de que las agendas de altos cargos con citas públicas y privadas estaban "tiradas en los coches" y de que con ellos se podrían montar los partes ni si quiera ha sido considerada por el PP.

La credibilidad de declaraciones juradas
A pesar de estas acusaciones, el PP ve un desarrollo de la comisión completamente distinto. Esta ha servido para certificar que, como sostuvo desde la sesión de apertura David Pérez, la Comunidad "ni ha ordenado ni ha amparado ni ha conocido ningún tipo de seguimiento o espionaje". Insiste en que la Dirección de Seguridad de la Consejería de Interior no ha cambiado desde la época de Leguina y que fue en época de Gallardón cuando se intentó reforzar o reformar y asegura que los partes de seguimiento no coinciden con las agendas públicas "a disposición de cualquier ciudadano en Internet", aunque no habla de las citas privadas que también están en manos de los escoltas.

En sus conclusiones, el PP destaca que las personas que han comparecido han asegurado "bajo juramento" no tener ninguna implicación ni haber ordenado espionajes. Sobre los partes, constatan que "se ha puesto de manifiesto que los partes carecen del rigor exigible para merecer la mínima consideración por parte de profesionales de seguridad con décadas de experiencia" y que las anotaciones manuscritas, según un informe del presidente de los peritos calígrafos, "no se corresponden con la de las personas que las informaciones han apuntado como responsables" como el técnico José Manuel Pinto. Por todo ello, concluye que se han desmontado todas las acusaciones, que la oposición no ha probado con documentos ninguna de ellas y que la comisión "no tiene elementos de juicio para determinar el origen de las informaciones aparecidas en El País".