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La Cámara de Representantes de EE UU ha aprobado una propuesta para la creación de un nuevo impuesto del 90% sobre los bonos recibidos por los ejecutivos de las compañías rescatadas por la Administración.
Esta iniciativa surge después de conocerse que 400 ejecutivos de AIG recibieron 128 millones de euros en bonos a pesar de que la entidad ha tenido que ser, en parte, nacionalizada por sus problemas de liquidez.
El propio presidente de EE UU, Barack Obama, expreso su indignación tras conocer dichos bonos y anunció que trataría de hacer lo posible para evitar su pago. La aseguradora AIG acumula 138.000 millones de euros de capital público y el Estado posee el 80% de las acciones.
La propuesta presentada por la mayoría demócrata contó con 328 votos a favor y 93 en contra y ha surgido en medio de la creciente ira popular y el malestar de la Casa Blanca y el Capitolio desatado tras conocerse que la semana pasada los ejecutivos de la aseguradora American International Group (AIG) se repartieron 165 millones de dólares en bonificaciones.
La Cámara de Representantes ha aprobado esta medida para las empresas, en su mayoría bancos, que hayan recibido financiación por parte de la Administración de EE UU por importe superior a 5.000 millones de dólares. Dicho impuesto afectaría a todos los ejecutivos que reciban más de 250.000 dólares y tiene efectos desde diciembre de 2008.
Para su aprobación definitiva la ley debe pasar por el Senado y ser definitivamente aprobada por el Congreso.
La nueva carga tributaria no sólo afectará a los ejecutivos de AIG sino a los empleados de otras compañías que hayan sido rescatadas por el Gobierno federal, como los gigantes hipotecarios Fannie Mae o Freddie Mac, o Bank of America y Citigruop, entre otras instituciones.
El 90% del bonus que dé AIG estará sometido a impuestos
La Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos ha aprobado una reforma de urgencia con el objetivo de recuperar el máximo posible del bonus pagado por la aseguradora AIG, auxiliada con 180.000 millones de dólares de dólares, a su cúpula directiva.
Los congresistas han votado a última hora a favor de un proyecto de ley que grava estas primas con una tasa del 90% sobre la retribución extra, en aquellos casos que supere los 250.000 euros. Este gravamen se aplicará a todas las compañías que hayan recibido ayudas públicas por valor de más de 5.000 millones de dólares.
Ante el escándalo originado en torno al bonus millonario recibidos por los ejecutivos de la aseguradora AIG, algunos de los directivos de la compañía se habían visto forzados a mostrar su voluntad de devolver esta bonificación, según Wall Street Journal. En conjunto, la cúpula de la aseguradora recibió 165 millones de retribución extraordinaria, pese a haber estado al borde de la quiebra en varias ocasiones, lo que ha generado indignación social y política en EEUU.
Entre los ejecutivos dispuestos a reembolsar su bonus se encuentra Douglas Pouling, el mayor beneficiario este año de las bonificaciones de AIG con una retribución extraordinaria de 6,4 millones de euros. El presidente de la compañía, Edward Liddy, se había mostrado dispuesto ayer en el Congreso a paedir a todos los ejecutivos que devuelvan “al menos la mitad” de las primas que han recibido.
Esta oferta no fue bien recibida por las autoridades estadounidenses. El Fiscal General de Nueva York, Andrew Cuomo, definió la oferta como “escasa y tardía” y volvió a solicitar a la aseguradora que la aporte las lista de qué directivos cobraron el bonus y en qué cantidad. Además, Cuomo señaló que la propuesta de Liddy sólo afecta a 298 de los 418 directivos que recibieron primas.
La aseguradora ha justificado la entrega de estas retribuciones extras a sus directivos, pese a haber tenido que ser rescatada tres veces con 180.000 millones de dólares de dinero público, debido al hecho de que tenía que retener a algunos empleados clave de la empresas, con el objetivo de evitar un desastre financiero. El pago de estas primas ha exasperado a la Administración del presidente Barack Obama, que está buscando mecanismos para recuperar este dinero.
En este sentido, el juez de la Corte Suprema de EEUU, Bernard Fried, determinó el miércoles que Bank of America deberá remitir a la Fiscalía de Nueva York las identidades de los ejecutivos de Merril Lynch que percibieron alrededor de 3.600 millones de dólares, ya que, bajo su opinión, esta información no constituye ningún secreto empresarial.
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