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La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, iniciará este miércoles una visita oficial a México, la primera que realiza a América Latina, con una agenda dominada por la seguridad en la caliente frontera común, en la que ha recrudecido la guerra por el trasiego de drogas y el tráfico de armas.
La visita de Hillary Clinton a México, antecede a la que realizará el 16 y 17 de abril próximo el presidente estadounidense, Barack Obama, en tanto que en los primeros días del mes también viajará la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, en un desfile al más alto nivel que refleja una creciente preocupación por la situación en el límite común.
México espera a Hillary Clinton con un discurso previo más duro sobre la corresponsabilidad de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, país al que le achaca contar con una legislación laxa en materia de venta de armas de las que se abastecen casi en un 90% los cárteles de la droga mexicanos.
A la vez, el presidente mexicano, Felipe Calderón, denunció corrupción en el combate a las drogas también entre funcionarios de Estados Unidos, el mayor mercado consumidor de cocaína del mundo.
"El tráfico de drogas en Estados Unidos también obedece a un fenómeno de corrupción de autoridades americanas. Yo quiero saber cuántas autoridades americanas han sido llevadas a juicio por ese tema", subrayó Calderón el 4 de marzo pasado en una entrevista.
Esta afirmación marcó el inicio de sucesivas apreciaciones de altos funcionarios ante lo que México considera que sus esfuerzos para combatir a los poderosos cárteles de la droga en su país serán en vano si el vecino del norte no hace su parte.
El gobierno mexicano ha desplegado más de 36.000 militares en las zonas más calientes de actuación del crimen organizado, más del 20% de ellos en la fronteriza Ciudad Juárez, la urbe más violenta de México, donde se han registrado 1.650 muertos en 2008, sobre un total de más de 5.300 en todo el país.
A la vez las autoridades mexicanas han propinado algunos golpes a los cárteles, como la detención de algunos de sus capos y el decomiso de más de 70 toneladas de cocaína desde 2006, según cifras oficiales.
Ante el incremento de la violencia en la frontera que amenaza con extenderse a Estados Unidos, Napolitano anunció el jueves la disposición de la Casa Blanca a reforzar la seguridad en el sur del país.
"Habrá más anuncios sobre el tema en los próximos días", dijo Napolitano el jueves tras aludir a la situación en la frontera y los estados del sur, cuyos gobernadores han expresado abiertamente su inquietud por la seguridad en esa región.
De su lado, el gobierno mexicano en los últimos días prácticamente ha militarizado Ciudad Juárez, el punto más caliente de México, donde reforzó el operativo de seguridad con otros 5.000 efectivos, que se sumaron a unos 3.500 que estaban instalados en esa urbe de 1,3 millones de habitantes colindante con El Paso, Texas.
Pese al operativo reforzado, una docena de asesinatos se registró sólo el fin de semana pasado en Ciudad Juárez, escenario de una sangrienta disputa por el trasiego de drogas hacia Estados Unidos entre los cárteles de Juárez, de los Carrillo Fuentes, y de Sinaloa, dirigido por el prófugo Joaquín 'el Chapo' Guzmán.
Estos narcotraficantes forman parte desde este lunes de una lista con los 24 capos de los seis cárteles más poderosos del país, por los que gobierno ofrece una recompensa de hasta 2 millones de dólares por cada uno.
En Estados Unidos, donde se registra una atención pública inusitada por la violencia en México, el Congreso convocó a ocho audiencias públicas con responsables gubernamentales y expertos en narcotráfico y seguridad, algo sólo comparable con la atención que provoca entre los legisladores la situación en Irak o Afganistán.
Incluso otros temas de interés permanente en las relaciones bilaterales, tales como el comercio y la inmigración, parecen haber quedado algo de relegados para la visita de Hillary Clinton ante la inquietud en ambos países por la violencia desatada por el crimen organizado.
En el plano comercial, México adoptó hace una semana medidas de represalia contra Estados Unidos por "incumplir" el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en materia de transporte, elevando los aranceles de unos 90 productos por un valor de 2.400 millones de dólares.
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