Las noticias para la ciudadanía paceña y para el país son poco alentadoras, el cerco al Congreso de la República progresa y por tanto el escenario de violencia que ello genera es inminente, sin advertirse en el horizonte alguna solución que alivie la situación de conflicto, sino todo lo contrario. Seis federaciones de productores de hoja de coca del trópico cochabambino definieron la estrategia de cerco al Congreso. El Vicepresidente anunció que hará cumplir el plazo constitucional de 60 días para la aprobación de la norma, caso contrario convocará a sesión de Congreso bajo el manto oscuro del cerco. La CSUTCB, colonizadores, COR y cocaleros de los Yungas han oficializado su participación en el cerco.
La política en las calles es una práctica en el borde de los límites democráticos y un signo evidente de intolerancia a la divergencia de ideas, así como una clara señal del debilitamiento del estado de derecho. Pero es en estas circunstancias difíciles que se pone a prueba la templanza de los representantes nacionales y la fortaleza en los principios e instituciones de la democracia.
La solución a esta crisis tiene un procedimiento simple, aunque el contenido de dicha solución es por supuesto complejo. El camino es el diálogo y elaboración de acuerdos entre representantes gubernamentales con miembros de la oposición política, sobre la base de modificaciones al proyecto presentado por el Gobierno. Sin embargo, no hay acercamientos, diálogo y menos consensos. Sólo anuncios del inminente cerco y de la violencia que ello genera.
En circunstancias parecidas, diversas organizaciones religiosas o de cooperación internacional intercedieron en la crisis con el propósito de evitar cualquier exceso o acciones que pongan en riesgo la integridad y la vida humana de quienes son sometidos al violento encierro o de quienes protagonizan la marcha, las protestas y las medidas de presión.
Las condiciones y características del cerco de abril son diferentes de anteriores conflictos. En esta ocasión se intenta confeccionar y aprobar reglas de juego que permitirán la recomposición y redistribución del poder político. Por lo tanto se disputa el futuro político del país. En otros momentos se pretendía la aprobación de normas de orden económico, la ratificación en el poder o la aprobación del texto constitucional.
Las transformaciones en el Estado y sociedad, así como la CPE, corren el serio peligro de naufragar si el MAS no logra reproducir holgadamente el poder en las próximas elecciones. Por eso el Presidente ha exigido trabajar para lograr una votación semejante al 70% de los votos. Por ahora, sin el concurso de los votos en el exterior, un objetivo francamente inalcanzable. Si el MAS no logra una buena mayoría política en la Asamblea, ésta se encontraría controlada por la oposición y ello constituiría un bloqueo permanente al próximo Ejecutivo y, en consecuencia, sería un Gobierno débil. Por tanto, el presidente Morales necesita más que nunca ingresar en la carrera electoral para detener el deterioro que viene sufriendo su Gobierno, producto de los corrosivos hechos de corrupción.
El MAS necesita reproducir el poder con gobernabilidad y para ello está dispuesto a realizar las acciones necesarias para conseguir sus metas. El cerco al Congreso, por ejemplo.
* Politólogo y catedrático
ccordero@estudiosdemocraticos.org
Tomado de la edición de La Prensa 01/04/09
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