Una hecatombe para Caracas

Si en cualquier otro país  con un sistema de gobierno democrático el presidente o primer ministro, aupase una ley ante el poder legislativo con el único propósito de tener la facultad de designar una autoridad regional, que hasta ese entonces venía siendo nombrada  a través del voto de los ciudadanos, es predecible el escándalo que tal medida originaría, pues lo que no puede pensarse dentro de una verdadera democracia es que el pueblo sufra una merma de sus derechos electorales y, mucho menos, que esos derechos se los arrogue el gobernante de turno. Pero si con dicha ley, lo que se busca es nombrar a dedo  una nueva autoridad que suplante a la ya existente, recién elegida popularmente, entonces, ya no solo deberíamos hablar de escándalo sino también de crisis política y democrática.

Imaginemos que en EEUU o en España, por solo poner dos ejemplos, el presidente del gobierno, aprovechando que tiene mayoría en el congreso, recibe de este último mediante un instrumento legislativo, la atribución de nombrar una “autoridad especial” que sin eliminar al gobernador de California o al presidente de la Junta de Galicia, ambos recién electos, los sustituyan en la práctica, al quitarles las atribuciones que les son propias, asignarles el presupuesto a las nuevas “autoridades especiales” e incluso transferirles la sede u oficinas donde tradicionalmente venían funcionando.

Esto es precisamente lo que acaba de ocurrir en Venezuela con la Ley Especial del Régimen del Distrito Capital, aprobada por la Asamblea Nacional hace unos días, y que tendrá su continuación con la sanción definitiva del proyecto de Ley de Ordenación Territorial que esta engavetado desde mediados del año pasado, y con la cual Chávez podrá nombrar autoridades paralelas a las ya existentes, e incluso crear nuevas entidades  político territoriales, que cabalguen sobre las gobernaciones, las alcaldías, y por supuesto, sobre la siempre pisoteada Constitución Bolivariana. De esta manera se desconoce, una vez más, la voluntad manifestada en las urnas por los venezolanos que eligieron como Alcalde de la ciudad de Caracas a Antonio Ledezma, quien recordemos, llegó como candidato a esa elección, por descarte, es decir, como consecuencia de pasar el filtro que le impuso el gobierno a los precandidatos de la oposición inhabilitándolos políticamente.  Como tampoco le pueden aplicar a Ledezma, ya como funcionario electo, lo mismo que a Rosales, Alcalde de Maracaibo,  le buscan la vuelta tratando de neutralizarlo con una ley que es absurda y, por ende, inconstitucional, pues no puede haber dos leyes y dos autoridades para regimentar y gobernar la misma ciudad.

En efecto, más  allá de si la ley en cuestión no es democrática por las razones expresadas, nos quedaría considerar, legalmente hablando, el momento de su verdadera entrada en vigencia, que no puede ser otro que el de cuando Ledezma termine su mandato. Pretender que Ley Especial del Régimen del Distrito Capital  no colide con la vigente Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas, dentro de la cual resultó electo Juan Barreto y ahora Ledezma,  y que la nueva autoridad puede coexistir con el Alcalde  Mayor, no es pretender sino el triunfo del absurdo, con el único propósito de justificar la postura del oficialsmo de no reconocer que su intención solapada  es arrebatarle el gobierno de la capital a la oposición política representada en Antonio Ledezma. Una nueva burla al estado de derecho y una verdadera hecatombe para la ciudad de Caracas.

Pero al final eso que importa, si Caracas no está en los EEUU, ni tampoco en España.