Con el plan del Gobierno a favor de la enseñanza se incorporaron miles de maestros al sistema educativo. Las universidades realizaron las pruebas de calificación y evaluación de los aspirantes a maestros. Su ejecución fue un éxito y todos aceptaron los resultados.
Hoy cabe una grave interrogante: ¿por qué no aprendemos de los éxitos? La aventura que ha emprendido el Gobierno pone en peligro uno de sus objetivos básicos, que es el mejoramiento del magisterio.
La historia en los últimos siglos nos enseña que los regímenes autoritarios o los que aspiran a serlo, hablan de la insuficiencia de las leyes como obstáculo para sus fines o sus llamadas revoluciones. En los últimos años se nos dijo que lo importante es la legitimidad y no el respeto a la Constitución y a la ley.
Así, alzando las manos aprobaron en Montecristi la Constitución y las leyes que el oficialismo propuso.
Mas, habiéndolas aprobado, por lo menos deberían hacer el ejercicio de tratar de respetarlas.
Existe una norma constitucional (Art. 346 y 349) que dispone expresamente que las evaluaciones del sistema educativo deban hacerse por organismos independientes y dentro de un marco legal nuevo.
Todos estamos a favor de mejorar, calificar y evaluar tanto a la educación como a sus maestros. Nadie se opone, pero ratificamos nuestro criterio de que la democracia va mucho más allá del simple respaldo popular y del ejercicio del sufragio.
Las acciones del Gobierno y los ciudadanos deben regirse estrictamente por la Constitución y la ley. La necedad, la prepotencia y los
abusos que ha iniciado el Gobierno lesionan, precisamente, los objetivos que pretenden lograr.
Si (
No(
