Las reformas que Aguirre está aplicando sobre la Ley de Cajas le aseguran un aumento de poder en todos los órganos de gobierno de Caja Madrid para los próximos seis años. El gobierno de Aguirre podrá determinar unos 150 consejeros del total de 320 de los miembros de la Asamblea General de la entidad y 11 de los 21 representantes del consejo de administración, según informaron fuentes de la entidad.
Las enmiendas presentadas por el Partido Popular, que serán sometidas a debate este martes en la Asamblea de Madrid para ser votadas el próximo jueves, confirman las modificaciones planteadas en la reforma anunciada el pasado 7 de mayo, con vistas a adaptar la norma para esquivar una posible impugnación por parte del Tribunal Constitucional como consecuencia del recurso presentado por el Gobierno central.
De hecho, todos los cambios promovidos dependen del devenir del recurso de inconstitucionalidad, puesto que mientras se mantenga la suspensión de la norma autonómica no podrá seguir adelante el proceso electoral que el Gobierno regional quiere terminar este mismo año para la renovación de cargos, incluido el presidente. Estos cambios en la Ley se ven reforzados además por el acuerdo alcanzado el pasado día 8 de junio entre el PP de Madrid y los antiguos compañeros de pacto del presidente de la caja, Miguel Blesa, es decir, Izquierda Unida, la representación de trabajadores de banca de CCOO, COMFIA, y los impositores independientes; lo que ratifica el poder máximo de Esperanza Aguirre en Caja Madrid para los próximos seis años.
La reforma se traduce en que los ayuntamientos ven mermados sus puestos en la asamblea general de Caja Madrid de 100 (en 2003) a 80 y los impositores (clientes) de 112 a 89, mientras que sale ganando el sector de entidades representativas (que incluye universidades privadas, cámara de comercio...), que pasa de 32 a 62 miembros, de los que 31 será elegidos por el consejero autonómico de Economía. También sale ganando en el reparto la Asamblea de Madrid, que incrementa sus representantes de 40 a 53, mientras los empleados de la caja de ahorros se mantienen con 36.
Además el número de vocales en la Asamblea General de Caja Madrid de cada sector tiene una transposición directa en el consejo de administración, máximo órgano de gobierno de la entidad y quien finalmente decidirá el nombre del presidente. De este modo, el PP de Madrid se asegura el control de 11 de los 22 miembros del consejo en el periodo transitorio y 21 después: 3 de los impositores (de los 6 existentes), 3 de los ayuntamientos (de 5), 2 de la Asamblea de Madrid (de 4) y 3 de las entidades representativas (de 4).
Las enmiendas incorporan también como novedad una referencia a la eventualidad de que los representantes de las corporaciones locales estén expedientados por incompatibilidad, como en la actualidad es el caso de Fernando Serrano, miembro de la comisión de control en nombre del Ayuntamiento de Madrid. El texto que se votará el jueves establece que si todos los consejeros pertenecientes al sector de las corporaciones municipales estuvieran incursos en la causa de incompatibilidad "podrán elegirse por este sector la totalidad de los vocales que correspondan, de entre personas que no sean consejeros generales y que reúnan los adecuados requisitos de preparación y prestigio" según informó la entidad.
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