Resulta contradictorio y pueril aseverar que la presencia de los observadores de la Unión Europea (UE) en el proceso electoral ecuatoriano sea una muestra de "vergonzoso vasallaje y colonialismo", cuando vinieron aquí por invitación oficial del país.
Además, no es cierto que los gastos de los observadores fueron pagados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como aseveró el presidente de la República, sino que todos corrieron a cargo de la UE.
El jefe de los observadores, José Ribeiro e Castro, presentó el informe final de la tarea cumplida en las elecciones del 26 de abril.
Entre otros hechos, el informe se refiere a la falta de equidad. Antes, el jefe de los observadores había señalado que la presencia dominante del primer mandatario en los medios perjudicó la equidad de la campaña.
En el informe, señala que el CNE no fue capaz de controlar el uso de los recursos del Estado y que aquello afectó al principio de la equidad. Al mismo tiempo, pone de relieve, como otro aspecto negativo, la falta de una clara delimitación entre las competencias del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral y el hecho de que ninguno de los dos organismos haya mostrado eficiencia para aplicar sanciones administrativas a quienes infringen la Ley Electoral.
Sin equidad en la participación electoral, no existe un proceso verdaderamente democrático. Más aún, el esfuerzo fiscal de financiar la publicidad electoral se justificó para propiciar la participación equitativa de las diversas candidaturas. Sin embargo, la publicidad oficial del Gobierno, que no se interrumpió ni en la campaña para las elecciones generales ni en las anteriores campañas, genera un abismal desbalance.
Y es una grave falla el que la Función Electoral no haya mostrado eficacia para sancionar a quienes violan las disposiciones legales y para hacer respetar la prohibición constitucional del uso de recursos del Estado en la campaña.
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