Navarro nos premia

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha parido su última idea: gratificar con dos puntos suplementarios a los conductores que, en estos tres años de vigencia del carné por puntos, no han perdido ninguno. Los demás, los que han perdido alguno, incluso por razones que nada tienen que ver con la seguridad vial –aparcar en un carril-bus, por ejemplo--, se quedan sin el Pere-premio.

No objetamos la idea del carné por puntos, pero sí algunos aspectos de su aplicación. Es mucho más fácil guardar íntegro el botín cuando se conduce menos, en ciudades o pueblos pequeños; quienes utilizan menos el automóvil tienen, lógicamente, menor riesgo de perder los preciados puntos. Se produce, así, una clara discriminación entre los españoles: quienes utilizan poco el coche y quienes han de usarlo con mucha mayor frecuencia. En ese contexto, el sistema de premios establecido por la DGT podría, incluso, vulnerar el principio de la igualdad de los españoles ante la ley consagrada en nuestra Constitución. Y, desde luego, viola el principio de equidad.

 No hablamos del infractor nato, de quien por sistema conculca las normas –ese es merecedor de la mayor dureza--, sino del conductor medio, de la persona normal que, al volante, puede tener algún despiste o, simplemente, que no puede cumplir una limitación de velocidad imposible, que las hay y muchas. O quien se despista con alguna de las numerosísimas señales contradictorias o insuficientes que pueblan nuestras carreteras, o…En fin, que resulta casi utópico el automovilista modelo cuando tiene que conducir tres o cuatro horas cada día por trayectos ‘complicados’, con radares-trampa recaudatorios.

Admitamos que la nueva y dura normativa ha mejorado la siniestralidad en carretera; de eso no pueden caber dudas a la vista de los datos que manejamos. Pero la excesiva severidad, el pasarse a la hora de atemorizar al conductor, puede llegar a tener un efecto boomerang. No regateamos los méritos del señor Navarro y de Interior: simplemente, nos cuestionamos si, al mismo tiempo, no se estarán restringiendo algunos derechos fundamentales y si no se deberían compaginar el cuidado por la seguridad con el respeto a esos derechos de los ciudadanos. En ese marco, introducir en el Código Penal algunas conductas que podrían ser consideradas leves, judicializar radicalmente ciertas conductas en carretera, nos sigue pareciendo un exceso, y que no nos vengan con lo que hacen o dejan de hacer en otros países de nuestro entorno, que, por cierto, tienen aún mejores redes viales y más personal encargado de garantizar la buena marcha del tráfico.

Creeremos que de verdad existe un interés sano por la seguridad cuando se combinen los esfuerzos de no menos de seis ministerios –entre ellos, los encargados del urbanismo, de la educación y de la industria—para elaborar planes omnicomprensivos en pro de la seguridad.