La Presidenta arribó a Estados Unidos para analizar en el encuentro del organismo internacional la situación institucional en Honduras, donde el presidente Manuel Zelaya fue destituido por un golpe cívico militar. El gobierno de facto hondureño anunció su salida de la OEA
La Presidenta Cristina Fernández, viajó acompañada por el ministro de Justicia Aníbal Fernández, en un viaje en el que se enmarca su preocupación por la situación institucional en Honduras.
El gobierno de facto de Honduras anunció su salida de la OEA
El gobierno ’de facto’ de Honduras denunció la carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) "con eficacia inmediata", y anunció la salida de Honduras del organismo.
"Por este medio, comunico a usted que (Honduras) denuncia la carta de la OEA de conformidad con lo previsto en el artículo 143, con eficacia inmediata", dijo la vicecanciller hondureña Marta Lorena Alvarado, durante una intervención televisiva, acompañada por el nuevo presidente de Panamá, Ricardo Martinell, según informan medios venezolanos que reprodujo Europa Press.
Insulza dijo que "no hay predisposición" para que retorne Zelaya
EL secretario general de la Organización de estados Americanos(OEA) José Miguel Insulza, aseguró que "de mi gestión aquí se desprende que no existe predisposición para retornar al orden institucional".
"El resultado claro de la ruptura institucional persiste y no tienen intención de revertir esta situación, lo que informaré mañana a la Asamblea general", dijo Insulza en conferencia de prensa en Tegucigalpa.
Insulza informó que se reunió con distintos actores de la política hondureña, la Corte Suprema, candidatos a presidentes, líderes sociales y políticos, para interiorizarse de la situación. "La Asamblea adoptará las medidas que correspondan", agregó Insulza.
De la reunión, que se extendió por más de una hora y media participó también el fiscal general Luís Alberto Rubi; en una jornada en que las calles de la capital hondureña se vieron divididas por manifestantes a favor y en contra del golpe de Estado, que realizaron sendas concentraciones a sólo 500 metros de distancia.
Insulza les trasmitió a los jueces el plazo de 72 horas dispuesto por la OEA, para que se restituya en su cargo al depuesto mandatario Manuel Zelaya, quién el 28 de julio último fue expulsado del país por un grupo de militares que colocaron a Roberto Micheletti en su lugar.
Tras el encuentro el representante de la OEA, Insulza se retiró como había llegado, en un auto con sirena y en medio de un fuerte operativo militar, sin hacer declaraciones.
En Honduras, se mantiene la incertidumbre para saber que trae Insulza y que es lo que se está haciendo; en el marco de una sociedad profundamente dividida entre los que apoyan el golpe y los que piden la restitución de Zelaya. Estos últimos tienen la mira puesta en el retorno del presidente Zelaya, previsto para mañana a las 18.
Además de la visita de Insulza, la jornada de ayer también tuvo como notas principales la convocatoria de quienes apoyan y quienes rechazan el golpe de Estado, en dos manifestaciones realizadas en el centro de Tegucigalpa.
La de los seguidores de Micheletti se hizo en la Plaza Morazán y contó con todo el aparato informativo del gobierno en su difusión: todas las televisoras la emitieron en vivo.
El gobierno puso gran cantidad de micros para trasladar gente a esa manifestación El gobierno puso micros a destajo para llevar a la gente; y para intentar señalar que era un acto de la civilidad y no de origen político organizado por el Partido Nacional, determinaron que los oradores fueran gente de organizaciones sociales, pastores y curas.
El nivel de los discursos por momento fue insólito y con proclamas como "para evitar que vuelva el diablo a Honduras y que sobrevuelen los arcángeles sobre todos los hondureños hay que apoyar este gobierno", señalaba uno de los pastores. Paralelamente, los seguidores de Zelaya hicieron una marcha a la misma hora, a unos 500 metros de distancia, en la Plaza Colprosumah.
A diferencia de la marcha de la que participaron los adherentes al golpe, en la de apoyo a Zelaya la seguridad fue muy fuerte: se dispusieron dos vallados entre policías y militares.
Según pudo comprobar Télam, tras recorrer las dos concentraciones, a la de apoyo a Zelaya la gente se fue acercando y sumando sin que necesitaran llevarla.
Por primera vez en varios días lograron juntar una cantidad importante de manifestantes, varios miles de personas; que marcaban el contraste con la gente llevada a la otra marcha, entre otras cosas, porque portaban carteles caseros o cartulinas escritas con fibrones.
La concurrencia a la marcha por la restitución de la democracia fue espontánea y la gran convocatoria se logró en sólo media hora, a pesar de que militares y policías cerraban los caminos para evitar que la gente llegara al lugar.
Al igual que ayer, los seguidores de Zelaya se cuidaron de no hacer destrozos y de no pintar paredes, porque ese es el principal argumento de la gente de Micheletti para justificar el golpe.
Censura y persecución a periodistas
La persecución a los periodistas con posiciones cercanas al derrocado Manuel Zelaya y la salida del aire de medios que no son afines a las actuales autoridades, es uno de los puntos más flojos de aquellos que afirman que el de Roberto Micheletti no fue un golpe de Estado.
El caso más emblemático en esta asonada cívico-militar fue el del canal de televisión Televicentro, que directamente fue sacado del aire el pasado domingo, el mismo día del golpe.
Luego, con un lavado de rostro que involucró la salida de algunos periodistas y la llegada de otros, comenzó a emitir nuevamente.
Claro está, Televicentro forma parte, ahora, de la gran maquinaria informativa que responde al actual gobierno y que no admite matiz alguno en sus conceptos.
El Bloque Popular, los seguidores del derrocado Zelaya, no tienen espacio en estos medios, son considerados "revoltosos" (que acá es un equivalente del argentino "subversivo") y acusados de estar pagos por el líder venezolano Hugo Chávez.
No fue el único caso. La televisora Cholupsar corrió la misma suerte pero con peor final, ya que directamente nunca más volvió a emitir.
En igual situación se encuentra la televisora internacional Telesur, sin señal desde el domingo del golpe.
La edición en español de la CNN fue censurada tras difundir en vivo las primeras horas posteriores al golpe, después le prohibieron salir y ahora sólo se la puede ver a través de las señales de cable internacionales como Sky, ya que las locales no la emiten.
Eduardo Maldonado, director del programa de televisión y radio "Hable como habla" que se emitía por Canal 66 Maya TV, relató en una nota al diario Tiempo que los "cerraron y no nos dejaron ingresar, sólo se nos dijo que era una orden".
Ayer, en tanto, sacaron del aire a la radio Santa Rosa de Copán, del departamento homónimo.
Algo similar ocurrió con Radio Globo, en cuya sede explotaron algunas bombas de mediano poder destructivo, pero máximo poder disuasivo.
A esto hay que sumarle que dos corresponsales de Telesur y de la agencia de noticias Associated Press, fueron detenidos y trasladaos por efectivos militares el lunes por transmitir imágenes y fotografías desde el hotel donde están alojados.
Este enviado fue testigo en la víspera de un hecho increíble: el colega Martín Ramírez, del diario hondureño La Tribuna, acababa de hacer una nota con miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos dentro del Palacio de Justicia. En un momento apoyó el grabador en una pared y un policía lo tomó y le robó el casete.
Así, con la misma impunidad con la que le respondieron cuando se fue a quejar: "Ah, qué pena, vea usted que el policía que pudo hacer eso ya se retiró porque cambiamos de turno..."
La situación es tan seria, que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) intervino para reiterar a las nuevas autoridades de Honduras su pedido de respeto pleno a la libertad de prensa, porque "medios de comunicación y periodistas denuncian que aún siguen siendo limitados, intimidados y agredidos en su labor profesional".
El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, expresó que "a fin de garantizar a la población su derecho a recibir plena información", el Gobierno "debe cesar cualquier limitación a la labor de la prensa".
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