Los jóvenes entre 18 y 20 años no se librarán de la cárcel

   En este sentido, la Ley vuelve a la posición inicial del Gobierno y se aprueba de forma definitiva sin incluir a los jóvenes de 18 a 21 años, de modo que los delincuentes pasen a la jurisdicción penal a partir de la mayoría de edad evitando así sobrecargar los juzgados especiales para menores.

   No obstante, esta medida recibió, en su anterior tramitación en el Congreso, una enmienda de PSOE, CiU y PNV para aumentar la edad de aplicación a los 21 años, algo que fue cambiado en el Senado con el apoyo del PSOE y PP, que a pesar de todo votó en contra del texto final al considerar que no se han "endurecido" otras de las medidas incluidas en la norma. Por su parte, la diputada socialista, Rosa Lucía Polonio recordó a los 'populares' que la no inclusión de los jóvenes de 18 a 21 años "no es su mérito, sino una cuestión de coincidencia".

   Durante su intervención en el pleno, el ministro de Justicia, Juan Fernando lópez Aguilar, reconoció el trabajo que se ha hecho en ambas cámaras para apoyar al Gobierno a "extender y garantizar" derechos de ciudadanía y, al mismo tiempo, ofrecer seguridad "frente a las amenazas de un mundo inseguro y el crimen organizado".

   Asimismo, destacó que la modificación de la Ley se ha hecho "reflexivamente y sin ninguna concesión al populismo punitivo", con la intención de exaltar el interés supremo del menor para que en ningún caso pueda recibir "peor tratamiento" que el adulto ante el proceso penal ni las sanciones que de éste se deriven.

Situación final del texto

   De este modo, en el texto final se mejora la protección a la víctima en todas las situaciones y en el proceso especial de menores, con la intención de dar respuesta a otros fenómenos como la criminalidad juvenil organizada y el acoso escolar.

   Para ello, y según afirmó López Aguilar, la víctima tendrá un tratamiento diversificado, permitiéndole una mejor protección frente a su agresor menor de edad, al tiempo que obtendrá mejor información de los asuntos que le conciernen en el procedimiento gracias a la obligación del Secretario Judicial de informar en todos los casos.

   Además, se reforma el proceso de enjuiciamiento criminal para evitar la victimización secundaria del menor, y se reconoce la presencia de la acusación particular en la instrucción y en el enjuiciamiento, por lo que tan sólo no se aprueba su presencia en el proceso de ejecución como había pedido el PP.

   En relación con otras modificaciones realizadas en el Senado, la ley garantiza que será el mismo juez quien en la ejecución monitorice la aplicación de todas medidas de internamiento o privativas de libertad impuestas a un mismo menor, aunque sean procesos distintos.

   También se asegura que los servicios correccionales dependientes de las comunidades autónomas serán atendidos por funcionarios públicos o contratados laborales dependientes de las administraciones públicas, para así "evitar la privatización" de los mismos, según López Aguilar.

   Por otro lado, el Consejo de Política Fiscal y Financiera junto con las comunidades autónomas serán quienes evalúen "el gasto y el impacto" que esta ley origine a las comunidades autónomas para garantizar la financiación de la ley.

El PP pide que "no salga gratis" delinquir

   Por su parte, la diputada 'popular' María del Carmen Matador destacó que a pesar de que el texto final recoge muchas de las medidas que su grupo había propuesto, no dudo en considerar que la ley está todavía incompleta ya que las medidas sancionadoras que incluyen hacen ver a los jóvenes y "a los que les utilizan" que cometer delitos "sale gratis".

   De este modo, recordó que valora que se hayan mejorado los derechos de las víctimas aunque, a su modo de ver, era necesario ampliar la presencia de las víctimas en la tramitación y la ejecución de las medidas, sin que ello pudiera relacionarse "con la venganza de la víctima" como reconoció la diputada socialista, Rosa Lucía Polonio.

   Asimismo, Matador destacó que la Ley no refuerza la reeducación y la reinserción social de los menores, ni afronta con garantías la peligrosidad de la delincuencia juvenil, ya que el PP pidió que se aludiera a los menores de 13 de años que cometen delitos graves, así como endurecer las sanciones en todos los ámbitos.

   En lo que respecta a IU-ICV y EA, también votaron en contra tras haber presentado sendas enmiendas a la totalidad anteriormente, recordando el "retroceso" de una reforma que no impedirá que los jóvenes sigan cometiendo delitos, al tiempo que se les niega a los menores "el derecho a reeducarse", según la diputada de IU, Carme García.