Los conflictos que ocasionan la pobreza y las desigualdades sociales, promueven intensos debates sobre cómo evitar que el régimen político democrático tienda a resquebrajarse. En democracia, la pobreza cuestiona los alcances e insuficiencias que tiene el Estado respecto a la ampliación o profundización de los derechos ciudadanos, entendidos como el conjunto de derechos civiles, políticos y humanos para formar parte de una comunidad donde se respete a la humanidad de hombres y mujeres, reconociéndoseles un estatus con dignidad, capaces de tener satisfechas sus necesidades materiales y con un apreciable margen de igualdad de oportunidades y derecho a la participación política para decidir sobre su destino, como individuos y como parte de una sociedad.
La pobreza no solamente plantea problemas al estilo de desarrollo orientado hacia el mercado mundial, sino también al tipo de democracia que se está construyendo en la práctica, donde las carestías y privaciones se convierten en deficiencias de ciudadanía. Estas deficiencias se orientan hacia un escenario donde predomina un plano vertical de dependencias y una práctica insuficiente de derechos civiles, negándose a reconocer un plano horizontal de solidaridad con rostro humano.
El descontento político con la democracia en Bolivia y el tipo de ciudadanía que tenemos, se expresa en varias encuestas de opinión y cultura política, donde existe una creciente interpelación que la sociedad hace al sistema político y a la crisis de pobreza que sufre el país. En consecuencia, se puede afirmar que el reconocimiento de los límites y frustraciones que del país, de sus instituciones y sus personas tiene la población, fomenta una tendencia hacia un sentimiento fatalista acerca de las posibilidades de Bolivia y del sistema democrático. Así pues, democracia y ciudadanía son valoradas en términos de resultados objetivos. La democracia debe dar resultados materiales, mejorar las condiciones de vida y preparar las condiciones para imaginarnos un futuro como nación; sin embargo, los gobiernos de derecha e izquierda están fallando en la identificación de soluciones porque solamente miran el corto plazo para ganar elecciones, sin lograr un pacto social para discutir respuestas de carácter histórico y estructural.
Todos estos datos contradicen aquellas afirmaciones en las que, supuestamente, todavía no es posible tener claridad sobre el impacto de la nueva política económica en los grupos pobres, no sólo por falta de información científica y eficaz, sino también por la pugna entre diferentes tendencias ideológicas e intereses políticos dentro de la sociedad boliviana.
Las encuestas dan lugar a pensar que en democracia, la pobreza y el desarrollo plantean varios problemas de ciudadanía, dignidad, integración social, equidad y derechos ciudadanos. El sistema democrático – después del ensayo de políticas sociales compensatorias – llama la atención sobre las contradicciones y difícil armonía entre democracia y mercado, entre seguridad humana y ajustes económicos.
Los pobres o grupos de escasos recursos carecen de posibilidades reales para mejorar su calidad de vida y, al mismo tiempo, tampoco tienen representación y poder político. De aquí viene el malestar y profundo pesimismo de las personas manifestado en las encuestas. Por lo tanto, la pobreza puede definirse como una condición de discriminación. En muchos casos, sobre todo en los ámbitos del campesinado y los pueblos indígenas, la exclusión es económica, política y cultural, existiendo una completa ausencia de ciudadanía democrática con derechos equitativos.
Combatir la pobreza en Bolivia es resaltar los derechos humanos elementales y, al mismo tiempo, no caer en visiones mesiánicas radicales porque la eliminación de males concretos, pasa por la realización efectiva de políticas concretas y no por la imaginación obsesiva de proyectos absolutistas. Sin embargo, al enfrentar la pobreza es imprescindible hacer notar la dignidad superior que tienen los derechos del hombre: derechos políticos, el Estado de Derecho, el pluralismo democrático y la construcción de una ciudadanía política donde la dignidad de los seres humanos se niegue a vivir en la pobreza.
La validez de este conjunto de principios éticos universales debe preceder a cualesquiera políticas económicas tecnocráticas y a los particularismos políticos. El racismo, asesinato, miseria, discriminación y toda transgresión a los derechos ciudadanos no pueden ser tolerados de ninguna manera. Esta situación obliga a pensar en que una alternativa de lucha concreta es la teoría del desarrollo humano y la democracia intercultural que otorga una primacía a la sociedad y a los derechos civiles sobre el Estado autoritario y sobre posiciones económicas ortodoxas.
El desarrollo humano se convierte así en un conjunto de políticas concretas que, además, se ligan con un sistema de valores como el punto de partida para encarar soluciones estructurales que brinden oportunidades duraderas a los pobres. Este sistema de valores propone la transformación y la disminución radical de la pobreza en Bolivia, a través de una búsqueda de justicia social y equidad como valores nucleares. Simultáneamente, el desarrollo humano abre la posibilidad de impulsar reformas institucionales para mejorar democráticamente la toma de decisiones, tanto a nivel municipal como regional y nacional. Estas reformas florecerán mejor solamente con un sistema democrático, sin posiciones extremistas, utópicas y revolucionarias, cuyos impactos positivos no están comprobados.
Frente a este panorama, la población pobre debe potenciar su capacidad para seguir demandando la satisfacción de sus necesidades y el cumplimiento de sus derechos elementales. En Bolivia, la discusión sobre los derechos ciudadanos reclama construir un escenario donde los grupos pobres y etnias discriminadas accedan a mayores beneficios en términos de buenos sistemas de salud, educación y fuentes de empleo, convirtiéndose en los actores de su propio desarrollo, presionando y exigiendo al mercado y al sistema democrático mayores oportunidades.
Los ajustes estructurales de la economía de mercado y la deuda social contraída por los sucesivos gobiernos democráticos en Bolivia, han hecho que, cada vez más, sea fundamental promover una jornada nacional de concertación entre el Estado, sindicatos, partidos políticos, sociedad civil, empresarios y pueblos indígenas, con el objetivo de erradicar la pobreza como parte de una estrategia global para la protección de cualquier derecho ciudadano.
En este caso, la unidad como nación en Bolivia es un requisito esencial, antes que las posiciones ideológicas revolucionarias que demandan transformaciones solamente para los más necesitados. Si bien los pobres son una prioridad, el verdadero cambio debe beneficiar a todos y de esta forma, renovar al país en su conjunto: ricos, pobres, intelectuales, campesinos, áreas urbanas y rurales, planteando reformas integrales porque la unidad es garantía de sostenibilidad, antes que el oportunismo de aquellos que dicen pelear por los pobres, pero posteriormente buscan sus intereses o sembrar el caos en la división.
Franco Gamboa Rocabado, sociólogo político, miembro de Yale World Fellows Program, franco.gamboa@aya.yale.edu
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