Nuevamente, el vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento,
José Blanco, parece hallarse en funciones de portavoz del gobierno, y decidido a afrontar los problemas del Gobierno. Hace unos días, y en esa tarea a menudo ingrata de salir al paso a 'la actualidad', Blanco hacía referencia a esos 420 euros de subsidio a los ya llamados 'parados de agosto', que dejó fuera de esa cobertura a, según cálculos de Trabajo, unos seiscientos mil desempleados de larga duración. En ese primer momento de reacción, Blanco aceptó que la información del Gobierno era apreciablemente mejorable. En efecto, en buena medida se ha organizado la confusión merced al anuncio confuso del Gobierno. Pero, una vez apreciada esa primera complicación desde el Gobierno, ha sido el propio presidente
Rodríguez Zapatero quien ha aceptado revisar ese decreto del Gobierno, discutirlo con los sindicatos, y previsiblemente incrementar el número de sus beneficiarios.
La chapuza discriminatoria de estos 420 euros, finalmente, pudiera tener
extensión "a los que lo necesiten", según la ambigua expresión empleada por el jefe del Gobierno.
Pero, además del correspondiente debate, en el que han tenido oportunidad de participar casi todos los agentes sociales -los propios parados, las centrales sindicales, la oposición del PP y de CIU-, le cuestión de este decreto y sus costes ha impulsado al vicesecretario socialista Blanco a reflexionar sobre cómo se podría atender esa necesidad -la cobertura del paro a las primeras víctimas de la crisis-, que trae consigo, inevitablemente, un gasto público mucho mayor al mismo tiempo que menores ingresos para el Estado, al decrecer la actividad económica. Para ambos fenómenos indeseables -más gasto de dineros públicos, menos ingresos para el Tesoro Público-, sólo hay un remedio, llamado incremento de impuestos. Y, al mismo tiempo, disminución de los gastos que no creen puestos de trabajo. Estamos viendo cómo, ya en estas mismas vacaciones veraniegas, muchas localidades españolas, por falta de liquidez, se han visto en la necesidad de recortar gastos, por ejemplo, de sus fiestas populares. Y cabe preguntarse si, incluso en tiempos de bonanza, es legítimo y lícito el uso de dineros públicos en esa clase de gastos, cuando, por ejemplo, hay ciudadanos en paro, en cuya unidad familiar no entra un céntimo durante semanas, meses y aún trimestres...
Pues bien, en esta coyuntura de dificultades, con más gasto para atender necesidades primarias y menos ingresos en ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno central, se plantea una y otra vez, como ahora lo ha hecho José Blanco, la oportunidad de recurrir a gravar con mayores tasas o impuestos con los que lograr mayores ingresos para el Estado, en particular para afrontar esos gastos crecientes en medidas sociales y para quienes más los necesiten. Una vez más, y ante esta apremiante necesidad, empiezan a debatirse los criterios por los que se aplicarán esos probables mayores impuestos. Y es seguro que las rentas más altas deberán hacer mayores aportaciones... Dicho de otro modo, pagarán más quienes más tienen.