Ledezma manifestó que los trabajadores de la Mayor no estaban defendiendo una posición política, sino que iban al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a defender su derecho fundamental al trabajo. "Estos 11 trabajadores sin ser dirigentes políticos, hoy son presos políticos y están recluidos en la planta", dijo Ledezma, al tiempo que anunció la creación de un Comité de Solidaridad para con estas personas.
"Estos 11 trabajadores, esa gente que jamás llegó a pensar que iban a estar privados de su libertad y mucho menos en La Planta porque son gente humilde, trabajadores, gente que por agarrar una calle e ir caminando al TSJ, ahora los meten en chirola. Vemos que el Ministerio Público en vez de hacer cumplir la Constitución y defender a la gente de las arbitrariedades del gobierno, el Ministerio Público lo que hace es defender al gobierno del reclamo justo de los ciudadanos".
Agregó que han requerido a expertos en Derechos Humanos hacer las diligencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues tienen información de que la cárcel de Yare, que fue el sitio de reclusión declarado para Blanco, tiene medidas cautelares por parte de organismos internacionales por ser de alta peligrosidad.
Asimismo, están solicitando apoyo del Observatorio de Prisiones, y de movimientos religiosos, cultura y deporte que hacen vida activa dentro de los penales de La Planta y Yare, "para que reciban con un espíritu de solidaridad y comprensión a estos ciudadanos".
Hoy, los dirigentes políticos de la Mesa de la Unidad ofrecieron una rueda de prensa, en la que anunciaron la convocatoria a una marcha para el próximo sábado 5 de septiembre. En días pasados la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, asomó la posiblidad de que sean imputados por el delito de rebelión civil quienes participen en hechos de alteración al oden público.
Los opositores consideran que lo que se busca es evitar las manifestaciones de la disidencia.
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