Chevron deslegitima a la justicia ecuatoriana en medio de denuncias de soborno

La empresa anunció que no pagará los daños de reparación que le exigen los demandantes, en caso de que el juez, Juan Núñez, sentencie en su contra, por considerar que existe una trama de soborno en la que estarían implicados no sólo Núñez, sino los demandantes e incluso representantes del Gobierno ecuatoriano.

   Después de casi 16 años de proceso judicial, de los cuales 10 se desarrollaron en una Corte de Nueva York, ayer la petrolera presentó a las autoridades estadounidenses y ecuatorianas unos vídeos, grabados clandestinamente, de los que, según la empresa, se infiere la participación del juez en un soborno.

   Esas grabaciones presentan a dos empresarios, uno ecuatoriano -al que los demandantes han vinculado laboralmente con la petrolera- y otro estadounidense, quienes asistieron a unas reuniones con supuestos representantes del Gobierno y con el juez del caso.

   Esos empresarios, que serían quienes habrían entregado las grabaciones a la empresa, al parecer realizadas con cámaras ocultas en un reloj y en un bolígrafo, se encuentran actualmente en paradero desconocido, señalaron los demandantes.

   Las conversaciones grabadas aluden a un posible trato de tres millones de dólares, a repartir entre los demandantes, la Presidencia y el juez, a cambio de dictar una sentencia condenatoria para Chevron, que heredó la demanda interpuesta cuando en 2000 compró a Texaco.

   No obstante, las transcripciones, donde también se menciona la supuesta implicación de la hermana del presidente, Pierina Correa, no dejan claro si el juez Núñez llegó a estar al corriente de la presunta trama.

   El Gobierno ecuatoriano, a través del secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, respondió a las acusaciones de la petrolera, de las que dijo que llegan "a los niveles de injuria calumniosa" y apuntó a que con las denuncias "la empresa intenta desviar el debido proceso".

   El ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, consideró que "la preocupación" de fondo en el caso es que, tras las denuncias de Chevron, "se comienza a deslegitimar a la justicia ecuatoriana" como que "no brinda garantías" suficientes para el proceso judicial.

   Agregó que no le "sorprendería que sea una de las argucias más de Chevron" en el proceso que llevan "los campesinos ecuatorianos afectados por la contaminación" relacionada con el "pésimo e irresponsable manejo ambiental que hizo Texaco hace muchos años en Ecuador".

   Por su parte, el juez Núñez negó haber hablado con alguna persona sobre un supuesto soborno y aseguró que "esas cosas no se han hablado jamás" y que él no ha escuchado "nada de eso".

   Desde Estados Unidos, el segundo escenario del proceso judicial, se difundió un comunicado en el que el procurador general de Ecuador, Diego García, señaló que pedirá "formalmente" a la petrolera que entregue "todas las pruebas".

   Además, sostuvo que los vídeos están "muy editados" y que "en algunas ocasiones la traducción, por parte de Chevron, del inglés a español es mala y, en otras ocasiones, engañosa".

   Finalmente, el Frente de Defensa de la Amazonía, una organización que agrupa a cerca de 30.000 pobladores ecuatorianos previsiblemente afectados por la contaminación de la producción petrolera y que personó la demanda, calificó las acusaciones de Chevron como "trucos sucios" en "un intento desesperado de atrasar el dictamen".

   Kent Robertson, portavoz de Chevron, aseguró hoy a Efe que en el actual panorama "el proceso se ha corrompido hasta el punto que es ilegítimo", y anunció que la compañía "apelará cualquier decisión que salga del proceso".
   El proceso judicial, que se lleva a cabo en la Corte provincial de Justicia de Sucumbíos, en el noroeste ecuatoriano, intenta dilucidar si Texaco provocó daños ambientales entre 1972 y 1995, tiempo que operó en Ecuador.

   Los demandantes aseguran que la contaminación provocó 1.401 muertes causadas por cáncer entre los pobladores de la zona, de acuerdo con estimaciones periciales, así como desplazamientos de los pueblos indígenas afectados, que perdieron su territorio.

   Sin embargo, Chevron sostiene que sus trabajos de reparación ambiental fueron "exitosos" y atribuye a la estatal Petroecuador la contaminación, basándose en un convenio que firmaron para la recuperación de la zona de explotación.