Según dijo, el presidente
Revilla "
sigue jugando" con la situación de 77 familias y
"no ha tenido la más mínima muestra de preocupación" hacia los trabajadores, ante los cuales
"no ha dado la cara en más de un año" que llevan pidiéndole una reunión.
En rueda de prensa, Cortabitarte recalcó que la decisión de cesar la actividad de la empresa y extinguir los contratos de la plantilla, adoptada el miércoles, es una noticia "triste y lamentable" que ha tenido que "caer como un bombazo" sobre esas 77 familias que dependían del futuro de la fábrica y que "hasta ayer" todavía albergaban esperanzas de que el Gobierno solucionara la situación.
Sin embargo, la diputada aseguró qeu su partido tenía "pocas o ninguna esperanza" en los trabajos del Ejecutivo dado que llevan meses anunciando que van a dar una solución que aún no ha llegado.
De hecho, también les resulta "difícil, por no decir imposible", creer el último anuncio del presidente regional sobre las dos posibles empresas interesadas en GFB. Y es que, según lamentó Cortabitarte, el Gobierno lleva "casi dos años buscando nuevos inversores, pero no los encuentra". "¿Quién va a querer hacerse cargo de un pozo sin fondo de deudas?", cuestionó la diputada.
Comisión de investigación
Frente a ello, le advirtió de que el PP no le va a "consentir" que se esconda, al tiempo que solició al presidente regional que dé las explicaciones necesarias ya que él "es el máximo responsable de la debacle en GFB", por haber "permitido" que el consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo, "cometiera todas las irregularidades que ha cometido".
"Agudo se ha jugado 36 millones de euros de los cántabros y los ha permitido. Y mientras, Revilla estaba de romería en romería y de fiesta en fiesta. Tanto Agudo como Revilla se tienen que dar la mano e irse para casa", sentenció Cortabitarte.
En esta situación, el PP volverá a pedir que se cree en el Parlamento una comisión de investigación sobre GFB para que se aclaren las "irregularidades" en torno al proyecto. "Veremos si Revilla se atreve a dar la cara, pero mucho me temo que no va a atreverse", apostilló la diputada, quien recordó que la petición del PP se debatirá en el Pleno del próximo lunes.
Entre las "irregularidades" que los 'populares' quieren que se aclaren, Cortabitarte aludió a la firma del protocolo en Costa Rica pese a los informes de Sodercan que advertían de que no era viable; y la posterior modificación de las condiciones de ese protocolo, "en perjuicio de Cantabria, sus ciudadanos y su dinero, y en beneficio" de los empresarios costarricenses.
También se refirió al plan de viabilidad, que "nunca se presentó", y a la compra de la maquinaria por la que, señaló, se pagaron 44 millones de euros sin peritación previa y a pesar de tratarse de maquinaria "vieja" que en la actualidad está "obsoleta".
El Partido Popular, que ya pidió crear una comisión de investigación en junio del pasado año y su iniciativa fue rechazada, insiste en su necesidad porque ahora la situación "es mucho peor".
Cese de la actividad
Todas las descalificaciones por parte de la oposición han surgido a raíz de que este miércoles el Consejo de Administración de GFB procediera a la extinción de los contratos con los trabajadores y el cese de la actividad industrial de la fábrica de fibroyeso de Marina de Cudeyo, tal y como se detallaba en el informe de los administradores concursales.
No obstante, Sodercan explicó que, en la reunión, el Consejo de Administración ha autorizado a esta sociedad regional a la búsqueda de "alternativas de inversión" de manera coordinada con los administradores concursales.
De esta forman se establece un proceso de búsqueda de nuevos socios para el proyecto. Ya existen dos empresas interesadas que se encuentran en período de negociación, según explicó Sodercan y había avanzado el pasado lunes el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla.
Además, se incide en que
"el socio mayoritario Euroamérica confía en el proyecto y sigue a la búsqueda de fondos".